Acusa a Mercedes Alaya de inducir las respuestas de Castaño, que cortó su declaración alegando que no se respetaban sus derechos. Además, mientras que si un cargo del PP es imputado se exige su dimisión inmediata, en el caso del delegado de la Junta, el socialista Antonio Rivas, imputado por la juez, no se exige dimisión alguna. Otro ejemplo más de la doble moral del PSOE.
Dos de los periódicos más vinculados al PSOE, El País y El Correo, ya señalan directamente a la juez Alaya. En El País puede leerse: "Los tensos interrogatorios del caso Mercasevilla alcanzaron una cumbre de crispación inédita hasta ahora. La juez instructora, Mercedes Alaya, tensó la cuerda excesivamente y provocó la protesta común de ocho abogados personados en el caso. Ayer declaró Domingo Enrique Castaño, ex asesor del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, y a mitad de la comparecencia interrumpió su testimonio para "salvaguardar" sus derechos procesales durante el interrogatorio de la juez. Castaño había accedido a comparecer, pero las preguntas y el tono inquisitorial de la instructora le hicieron cambiar de opinión tras el consejo de su abogado".
En El Correo de Andalucía, se lee el siguiente titular: "Los letrados del caso Mercasevilla denuncian "presiones" de la juez" y se añade: "Castaño detuvo ayer su declaración «al no garantizarse sus derechos procesales». La tensión entre la titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, y algunos de los abogados ha ido en aumento en las diferentes declaraciones por el caso Mercasevilla, convirtiendo su despacho en una olla a presión, que estalló con el interrogatorio a Domingo Enrique Castaño, ex consejero de la entidad y ex asesor del PSOE. El detonante fue una pregunta sobre la subrogación del derecho de superficie a Sando (adjudicataria de la venta del suelo) que, según el letrado de Castaño, "estaba inducida".
Las preguntas de la juez
ABC las resume de este modo:
"¿Propuso o impuso usted la cláusula de limitación al alza en el pliego de condiciones a través de la señora Bustamante?".
"¿Preguntó si junto a Mellet y Piñero por un lado y Sando por otro fueron los que idearon la forma de que esa entidad ganara?. "
"¿No es más cierto que la idea era también otorgar a Sanma el traslado y la construcción de la nueva ubicación de la unidad alimentaria donde estaba el verdadero negocio. según afirmó Fernando Mellet?".
También le inquirió sobre sus nombramientos y funciones en los puestos de responsabilidad que ocupó en el Ayuntamiento de Sevilla, Urbanismo y Mercasevilla ¿quién los hizo? y sobre su relación con el alcalde, que Mellet en su declaración ya calificó de "muy estrecha".
Pero las preguntas del letrado del PP, a las que Castaño tampoco contestó, también insistieron en datos importantes: así, los populares cuestionaron sobre si fue Antonio Rodrigo Torrijos la persona que exigió que se incluyese en el pliego la llamada cláusula de limitación al alza.
A causa de estas preguntas y otras más, sigue diciendo ABC, la acusación particular del PSOE y las defensas se aliaron para cargar contra la titular Mercedes Alaya, a la que volvieron a acusar de inquisitorial y de inducir las respuestas desviando así la atención de la declaración. Castaño, consejero y miembro de la comisión ejecutiva de Mercasevilla (e imputado de presuntos delitos de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, fraude y exacción ilegales de funcionarios, además de delito societario), sólo contestó a la mitad de las preguntas de la magistrada y decidió, a la mitad del interrogatorio, acogerse al derecho que le asiste y no seguir declarando por consejo de su abogado.
Ahora, el PSOE quiere grabar las sesiones
La defensa de Castaño pidió que se grabaran las declaraciones para evitar estas situaciones. Una petición a la que se sumaron el resto de las defensas y la acusación del PSOE, pero que no secundó el PP ni el letrado de Mercasevilla. Incluso, si el juzgado no tenía medios, le propusieron aportar ellos la grabadora. La juez Alaya lo rechazó porque la Ley no obliga a ello, porque el juzgado tampoco dispone de los medios necesarios y porque considera que la salvaguarda de la fidelidad de las declaraciones están amparada por la presencia del secretario, en quien no confían ni el PSOE ni los letrados de los imputados.
El letrado del PSOE, Ángel Prados, cargó contra la magistrada a la que, en declaraciones a la prensa, acusó de "estar induciendo las respuestas" y acusándola de estar "permanentemente pidiendo opiniones en lugar de preguntar por hechos". Prado resumió así su papel en el procedimiento: "Tengo instrucciones muy concretas del PSOE, que caiga quien tenga que caer pero no va a caer indiscriminadamente". "Algo huele mal en Mercasevilla, pero no hay pruebas y no hay responsabilidad penal", admitió recalcando que a él le obligaron a presentar una querella para estar personado en el caso, cuenta ABC.