L D (Agencias) El programa electoral del PSOE para las elecciones del 9-M recogía, en materia de Justicia, la "apuesta" por encargar a los fiscales la dirección de la investigación en los casos penales, con "criterios objetivos, generales, imparciales, homogéneos y estrictamente sujetos al principio de igualdad ante la Ley, bajo el control judicial de un juez de garantías". Conde Pumpido no ha esperado siquiera a que se forme gobierno y se nombre nuevo fiscal general para anunciar, en plena Semana Santa, que va a empezar a aplicar la reforma de Zapatero para controlar el Poder Judicial.
El PSOE, que subraya la independencia del Poder Judicial pese a que sus medidas van encaminadas al control total, ha rechazado hacer valoraciones políticas de la disputa abierta entre el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y las asociaciones de jueces. En el origen de la disputa está la instrucción que éste ha enviado a los fiscales en la que insiste en la facultad de los fiscales para dirigir a la Policía Judicial en los procesos en curso mientras que, para la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), "con la Ley en la mano, no hay duda de que el fiscal no puede desarrollar ninguna diligencia investigatoria en el momento en el que un procedimiento está incoado".
El programa con el que los socialistas ganaron las elecciones incluye el compromiso de elaborar una nueva Ley Procesal Penal que garantice la doble instancia penal y la revisibilidad de las condenas y "apuesta" por encargar al fiscal la dirección de la investigación. La nueva ley, añade el documento, debería permitir también adaptar el procedimiento a las necesidades de los juicios rápidos y favorecer la mediación "cuando la naturaleza y la gravedad del delito lo permita".
El PSOE se propone además acabar con el bloqueo del poder judicial y para ello y aboga por establecer un plazo "prudencial" para la renovación del CGPJ, produciéndose el cese automático de sus miembros cuando se rebase dicho plazo. Los socialistas apuestan por adaptar la Justicia al Estado de las Autonomías y para ello quieren crear los Consejos de Justicia de las CCAA, que permitan una desconcentración del gobierno del Poder Judicial y un conocimiento más próximo de los problemas de la Justicia por la Ciudadanía, garantizando la independencia del Poder Judicial. Los miembros de estos consejos no tendrán dedicación exclusiva y serán presididos por el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Su elección responderá a un nuevo modelo en el que intervendrán las Asambleas Legislativas de las CCAA.