Con la excusa de la crisis, la Junta ha aprobado el decreto 5/2010 de 27 de julio por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público que lo único que persigue, según han denunciado, es "hacer fijos" a los "enchufados" en el entramado de empresas públicas. La movilización corre a cargo de la asociación Defiendo mi Derecho y la gestión pública. Lo cuenta El Mundo, pero ya Libertad Digital explicó con detalle las consecuencias de la reordenación de José Antonio Griñán.
Según la información publicada el pasado 16 de julio, con este plan Griñán quiere blanquear el empleo negro generado por la Junta en su administración paralela. Libertad Digital había accedido en exclusiva al borrador del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se aprobaba el Plan de Reordenación del Sector Público. El plan resultaba una clara apuesta por la consolidación de la administración paralela.
Por eso, los funcionarios están organizando asambleas en los centros de trabajo y opositores de toda Andalucía se están movilizando a través de los foros de internet con el objetivo de diseñar una estrategia para que la Junta "revoque" el citado decreto.
Sigue contando el mismo periódico que "los opositores de la Junta y los propios funcionarios se han organizado en colectivos, al margen de los sindicatos. La Plataforma de opositores y nuevos funcionarios de la Junta ha presentado quejas ante el Defensor del Pueblo andaluz, se ha manifestado ante el Parlamento y se ha entrevistado con representantes del PP y de Izquierda Unida para exponerles los "peligros" del nuevo decreto. También lo intentó con el PSOE, pero todavía están esperando que los llamen.
"Si a los 25.000 trabajadores de las empresas públicas los meten por la cara" en la función pública, "no habrá sitio para nosotros", advierte David Bertos, presidente de la plataforma de opositores.
En siete años, la Junta de Andalucía ha ofertado 17.327 plazas para funcionarios y personal laboral en sus ofertas de empleo público. Con el decreto, las ofertas de empleo serán "ridículas y testimoniales", y se frustrarán las expectativas de miles de andaluces, señala Pedro Juan Ruiz, portavoz de la Asociación defiendo mi derecho y la gestión pública, la plataforma creada por los funcionarios de la Junta para expresar su rechazo al decreto. Ruiz calcula que en los próximos siete años el decreto de la Junta va a impedir que unos 350.000 andaluces puedan presentar su solicitud para participar en ofertas de empleo público y conseguir un puesto de trabajo fijo.
El portavoz de esta asociación denunció que el decreto de la Junta no tiene sentido "ni por eficacia, ni por eficiencia, ni por ahorro". Así, recordó que las empresas públicas y las fundaciones se crean para "no hacer una administración rígida y ahora que estamos en crisis, convierten en fijos a todos los trabajadores de la administración paralela".
Los funcionarios de la Agencia Andaluza del Agua también llevan meses de movilizaciones contra el decreto de la Junta, con protestas y concentraciones también en el Parlamento andaluz.
Los sindicatos del régimen, UGT y CCOO, apoyan la reforma de las agencias
Tras la huelga general fracasada, los sindicatos que han apoyado al PSOE durante casi 20 años seguidos y recibido de la Junta centenares de millones de euros, empiezan a dar su visto bueno a la reforma Griñán. Se ha comenzado con la transformación del Servicio Andaluz de Empleo en una Agencia especial, con independencia presupuestaria y de contratación. Más de lo mismo.
Curiosamente, la propia CCOO interpuso un recurso contra la reordenación de Griñán. Pero ahora parece verlo de otra manera. Según otras fuentes sindicales, los sindicatos mayoritarios quieren que se consoliden el empleo de todos sus "enchufados" en las Unidades territoriales comarcales de Empleo y consolidar el empleo de los colocados en la Fundación Fondo Formación, uno de los viveros de recursos del entramado laboral socialista.