Se sentará en el banquillo de los acusados por declararse competente para investigar desde el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, aunque lo hará más tarde de lo previsto en un primer momento. Ésta es la principal consecuencia jurídica que este jueves se extrae de la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de la recusación de cinco de sus magistrados, tal y como había solicitado Baltasar Garzón.
En concreto, el juez suspendido de sus funciones quieren que le juzga la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Adolfo Prego, Francisco Monterde, Juan Saavedra, Juan Ramón Berdugo y Joaquín Giménez. Todos ellos decidieron en mayo de 2009 sobre la admisión a trámite de la querella que el sindicato Manos Limpias y la asociación Identidad y Libertad interpuso contra el juez por delito de prevaricación y que actualmente está pendiente de ser juzgada.
Para retrasar la celebración del juicio oral, Garzón alegó que la intervención de todos ellos en varios momentos de la instrucción de la causa los inhabilitaba para juzgarle con la suficiente imparcialidad (artículo 219.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), y les acusó también de tener intereses espurios (artículo 219.10 de la misma ley). Ahora, el TS deja en manos de la Sala del 61 –la misma que es competente para la ilegalización de partidos políticos–que decida sobre si estos magistrados deben apartarse de la causa de la Memoria Histórica por parcial.
De la misma forma, en un auto hecho público este jueves, cuyo ponente ha sido el magistrado Julián Sánchez Melgar –encargado de instruir el incidente de recusación–, se rechaza que los jueces del Supremo tuvieran un interés directo o indirecto en sentar a Garzón en la banquillo de los acusados. La resolución judicial destaca que se admite la tramitación de la recusación para asegurar "la debida imparcialidad del tribunal sentenciador como primer tributo y presupuesto del mismo juzgador". Sánchez Melgar recuerda que "sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso judicial".
Por su parte, el Ministerio Fiscal se pronunció de forma favorable a que se estudiara la recusación así como el magistrado Joaquín Giménez quien ha admitido estar "contaminado" por haber participado en la instrucción del procedimiento aunque rechaza tener un interés espurio en juzgar a Garzón.
En cambio, los otros magistrados recusados han negado estar contaminados. No obstante, esto deberá decidirlo la Sala del 61 integrada por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar; los presidentes de las Salas de lo Civil, Penal, Social, Militar y Contencioso-Administrativo del alto tribunal y los magistrados mas antiguo y más nuevo de cada una de ellas. En caso de que se aparte a los cinco magistrados recusados, esta misma Sala deberá designar a sus sustitutos. El banquillo es ineludible.