Si el futuro de Baltasar Garzón ayer era gris oscuro hoy es negro. En un hecho sin precedentes en la historia judicial, el magistrado de la Audiencia Nacional se convierte en el primer juez en España que tiene tres causas abiertas al mismo tiempo ante el Tribunal Supremo.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha admitido a trámite este jueves por una unanimidad una nueva querella interpuesta por el abogado Ignacio Peláez contra el juez por los delitos de prevaricación e interceptación ilegal de las comunicaciones.

El letrado, que representa al empresario José Luis Ulibarri, denunció que Garzón intervino de forma ilegal las escuchas de los abogados del caso Gürtel con sus clientes, en concreto, con los principales imputados en la trama de corrupción: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

Dichas intervenciones, ordenadas por Garzón, se habrían llevado a cabo en el locutorio del Centro Penitenciario, A posteriori, fueron objeto de trascripción e informe por los funcionarios policiales que se las remitieron al instructor. De esta forma, el juez de la Audiencia Nacional, primer instructor del caso Gürtel, conoció al estrategia de defensa que emplearían los letrados al asistir a sus clientes.

Una resolución del titular del juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, del 19 de febrero, el instructor ordena la intervención de las comunicaciones orales y escritas que tuvieran en prisión las tres principales imputados en la presunta trama de corrupción. Dicho auto de Garzón indicaba que la intervención afectaría también a las comunicaciones de los presos con sus abogados, tanto "los que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos".

Ahora, el Supremo señala que existen “dudas” en torno a la legalidad de esta medida. En el auto hecho público este jueves, cuyo ponente ha sido el magistrado José Manuel Maza, se critica que Garzón ordenase la intervención de las escuchas referidas a la "totalidad indiscriminada" de abogados del caso.

“En lo que sí que puede en el momento presente incuestionablemente concluirse es en que no existen razones suficientes, en este trámite procesal, para excluir con toda certeza la hipótesis de la existencia de los delitos mencionados”, reza el documento judicial. Es decir, que la Sala de lo Penal, sin perjuicio del resultado de una investigación posterior, ve indicios de delito en la actitud del Baltasar Garzón.

Varapalo al fiscal

En cambio, el Ministerio Fiscal se opuso a la admisión a trámite de esta querella al no apreciar hecho delictivo alguno. Sin embargo, en el auto también se responde al Ministerio Público. “Por muy sugerentes que resulten las alegaciones que en su escrito se exponen en demanda de la inadmisión de la querella y archivo de las actuaciones por inexistencia de actos merecedores de punición, lo cierto es que las hipótesis incriminatorias planteadas por el querellante no parecen hasta tal punto absurdas o carentes de sentido”, contesta la Sala.

Además, el Alto Tribunal recuerda que la intervención de las comunicaciones entre abogado y cliente está reservada a los delitos de terrorismo según queda fijado en la Ley Penitenciaria. “Las comunicaciones de presos con abogado sólo pueden intervenirse en los supuestos de terrorismo mediante orden judicial”, subraya el auto.

De esta forma, y ante las dudas de la legalidad de las escuchas ordenadas por Baltasar Garzón, el Tribunal Supremo ha acordado abrir una investigación. El instructor que deberá comprobar si los hechos denunciados “son verosímiles” será el magistrado Alberto Jorge Barreiro.

Esta es la tercera querella por prevaricación que admite el Alto Tribunal en los últimos nueves meses contra Garzón, ya que el juez ya está siendo investigado por su causa general al franquismo y por los cobros de sus cursos en Nueva York.

A su vez, el Consejo General del Poder Judicial ya iniciado los trámites para suspenderlo y obligarlo a abandonar la carrera judicial. Por su parte, la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, ha evitado este jueves valorar la decisión del Supremo. En este sentido Bravo se ha limitado a recordar que el expediente de suspensión del magistrado se ha "iniciado ya" por las otras dos querellas que se tramitan en el alto tribunal, y "está siguiendo su curso".

En declaraciones a El País, Garzón ha asegurado que no se va a marchar porque es "absolutamente inocente".