Lo cuenta este sábado María Peral en El Mundo: la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo decidió esta misma semana que los ciudadanos que se vieran afectados por retrasos indebidos del Supremo en resoluciones sobre recursos de amparo pueden solicitar una indemnización al Estado.
La decisión puede generar un nuevo conflicto entre ambos tribunales, cuyas relaciones nunca han sido fáciles. Se adoptó con sólo cuatro votos en contra y también establece que la fiscalización de la responsabilidad patrimonial por retrasos del TC corresponde al Supremo. El fallo se ha fundamentado en los artículos 9.3 y 106 de la Constitución que encomiendan a los tribunales controlar la legalidad de la actuación administrativa.
La resolución llega después de que un particular reclamara en la jurisdicción ordinaria responsabilidades al TC por la tardanza en resolver sus recursos. Sin embargo, el demandante no ha considerado que, en este caso, el tribunal deba indemnizar al ciudadano porque no ha acreditado ningún perjuicio o daño económicamente evaluable.
Además del nuevo enfrentamiento que surge entre ambos tribunales, la decisión recuerda de inmediato a la sentencia más polémica aún en manos del tribunal, cuestionado, precisamente, por su tardanza: la del Estatuto catalán. Este mismo viernes, Joan Saura llegaba a reclamar la dimisión de los magistrados por su incapacidad para dictar sentencia en un asunto trascendental para España.