El pasado 24 de junio el Tribunal Supremo admitió a trámite la segunda querella interpuesta contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación al abrir causa general a la guerra civil y el franquismo. Esta querella, presentada por la asociación Libertad e Identidad, se unió a la que previamente había sido admitida a trámite por el Alto Tribunal e interpuesta por el sindicato Manos Limpias.
De esta forma, la Sala de lo Penal acordó acumular esta segunda actuación con la primera para que se tramitasen de forma conjunta y por el mismo instructor ya designado, Luciano Varela.
Ahora, al igual que ya ocurrió con Manos Limpias, la Sala de lo Penal ha impuesto a la asociación Libertad e Identidad una fianza de 6.000 euros para poder ejercer la acusación popular en el procedimiento contra Garzón por prevaricación.
El instructor del caso entiende que puesto que ambas querellas se han convertido en una misma, se ha de seguir idéntico procedimiento.
En un auto hecho público el pasado 22 de junio, Varela explicaba que para que Manos Limpias ejerciese de acusación particular, tal y como defiende el artículo 125 de la Constitución, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que se debe “prestar una fianza para responder de las resultas del juicio”.
Por ello, el magistrado pidió al sindicato que abonase en el plazo de ocho días una fianza de 6.000 euros en metálico. Ahora, el juez pide que el segundo querellante, la asociación Libertad e Identidad abone la misma cantidad de fianza, en el mismo plazo y misma forma, si quiere formar parte del proceso que previsiblemente sentara a Garzón en el banquillo de los acusados.