"A pesar de no constar indicio incriminatorio alguno ni sospecha" sobre los abogados de los principales imputados en el caso Gürtel, el juez Baltasar Garzón ordenó grabar las conversaciones con sus clientes. Por este motivo, en un auto hecho publico este lunes, el magistrado del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha decretado la apertura de juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional actualmente suspendido de sus funciones- por los delitos de prevaricación (con el agravante de forma continuada) y contra las garantías constitucionales.
Los hechos se remontan al 19 de febrero de 2009, cuando Garzón ordenó por primera vez interceptar las conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Antoine Sánchez y Pablo Crespo, y sus letrados. En un auto, el magistrado autorizó la colocación de artificios de escuchas en los locutorios de la prisión madrileña de Soto del Real para que cada vez que alguno de los internos comunicara con algún abogado, cualquiera que fuese el motivo de la visita, "se dispusiera la activación del mecanismo de escucha y ulterior grabación de las conversaciones".
El magistrado del Alto Tribunal, Alberto Jorge Barreiro, sostiene que en ese momento el juez estrella era "consciente de que la resolución que adoptaba tenía una capital incidencia en el derecho fundamental a la defensa" y que, a pesar de que sabía que era "imposible" garantizar ese derecho con lo dispuesto en la medida adoptada, Garzón ordenó grabar las comunicaciones.Esta medida es un hecho que el Alto Tribunal considera como una laminación de los derechos fundamentales de los acusados.
"El magistrado decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y "le resultó indiferente que el contenido de las conversaciones (...) no tuviera otro contenido que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa", señala la resolución judicial.
Además, el magistrado instructor Jorge Barreiro afirma que Garzón "con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos (...). Pretendía obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación".
Una causa de "gran transcendencia mediática"
"De modo que, conociendo la estrategia de las defensas o datos confidenciales que pudieran proporcionar los internos a sus abogados, dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática", destaca el magistrado en el auto.
El Supremo asegura que gracias a estas intervenciones Garzón destripó las estrategias de defensa que "permitieron a la Policía conocer datos desconocidos para la investigación y abrir nuevas líneas de investigación". Además, Jorge Barreiro sostiene que cuando Baltasar Garzón prorrogó la intervención de las escuchas, "revalidando su ilícita decisión", lo hizo "con la finalidad de aguardar nuevos frutos para su investigación". Es decir, el Alto Tribunal entiende que Garzón cometió un delito, y que a pesar de ser consciente de que lo estaba haciendo, reiteró su actitud presuntamente delictiva.
El auto añade que sólo cuando el juez suspendido obtuvo todas estas conversaciones entre imputados y letrados en su poder, "y una vez conocido el contenido íntegro de la relación confidencial" entre ellos, hizo un "expurgo" de las escuchas y descartó las que no le interesaban para la instrucción del caso Gürtel.
Por toda esta actuación procesal que se prolongó hasta abril de 2009, el TS imputa a Garzón un delito continuado de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales. Contra la apertura de juicio oral no cabe interponer recurso.
La Sala del Supremo que juzgará al juez será la misma que admitió a trámite la querella inicial que el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Pélaez interpuso contra Garzón y que ha conllevado a este procedimiento judicial. Dicha Sala estará compuesta por los magistrados Juan Saavedra, Andrés Martínez Arrieta, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar y Miguel Colmenero.
Junto al caso de las escuchas de Gurtel, Baltasar Garzón está pendiente de que la Sala de lo Penal del TS fije la fecha para sentarlo en el banquillo por el caso de la Memoria Histórica.