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GÉNOVA: "NO HAY CAUSA GENERAL"

El TS aprecia delito fiscal y de cohecho pero Bárcenas y Merino siguen en el PP

El Tribunal Supremo ha decidido asumir sólo la parte el caso Gürtel que afecta al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado Jesús Merino. El Alto Tribunal ve indicios de delitos contra la Hacienda Pública y cohecho. Ambos siguen en el partido.

Los populares Merino y Bárcenas.

El Tribunal Supremo ha aceptado este miércoles asumir la parte del 'caso Gürtel' que afecta al tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas, y al diputado del mismo partido Jesús Merino, aforados ante la Sala de lo Penal de este tribunal.  Así, el Supremo ha decidido devolver el resto de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que el juez instructor, Antonio Pedreira, siga llevando la investigación de la supuesta trama de corrupción.

En un auto en el que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, el Alto Tribunal explica que investigará a los populares Bárcenas y Galeote por supuestos delitos fiscal y de cohecho. “Las imputaciones económicas pueden tener relevancia penal en los delitos fiscal y de cohecho, debiendo el instructor investigar la naturaleza de los cohechos y con respecto al delito fiscal, la posible prescripción del delito correspondiente a 2002”.

Los hechos expuestos en la exposición razonada enviada desde el TSJM al Supremo sobre los aforados revisten, “en principio y sin perjuicio de la investigación que se realice, caracteres de hechos delictivos subsumibles en los delitos contra la Hacienda Pública y cohecho”, reza la resolución judicial. Sin embargo, por ahora el Supremo no aprecia delito de blanqueo de capitales que tanto el Ministerio Público como la Justicia Madrileña apuntaron.

El pasado día 15, el instructor Antonio Pedreira remitió una exposición razonada al Supremo, en la que sostenía, a raíz de los datos recabados por la Fiscalía Anticorrupción, que el senador y tesorero de los populares, Luis Bárcenas, recibió “cantidades económicas procedentes del denominado grupo Correa”. Por su parte, el diputado del PP Jesús Merino habría percibido asimismo cantidades de dinero de la trama corrupta y procedido a su entrega a funcionarios.

"Alegaciones insuficientes"

En el caso de Bárcenas, el Supremo hace constar en el auto que el senador popular remitió a esta Sala unas alegaciones en las que trata de justificar sus ingresos en la obtención e inmediata devolución de un crédito y en las percepciones derivadas de la venta de acciones erróneamente declaradas a la Hacienda Pública. Entiende la Sala que estas justificaciones son “susceptibles de investigar” pero “insuficientes” para contrarrestar los indicios delictivos que recaen contra el tesorero del PP.

A pesar de que el Supremo ha decidido asumir sólo la parte del caso Gürtel relativa a los aforados nacionales (el popular Gerardo Galeote al dejar su acta de eurodiputado pierde la condición de aforado) deja la puerta abierta a que si el instructor de Madrid “encontrase nuevos y relevantes indicios contra los mismos sobre su participación en estos u otros ilícitos distintos” lo deberá poner en conocimiento de la Sala de lo Penal.

Para justificar esta decisión, el Supremo defiende que su competencia en este asunto se limita a los aforados nacionales. Dicha decisión ha sido adoptada en contra del criterio de la Fiscalía que pidió al Alto Tribunal que asumiese la totalidad de la causa “por entender que todos los hechos investigados en la actualidad están muy relacionados entre sí” y que la división del sumario podría provocar pronunciamientos contradictorios. Si bien la cuestión de forma es el aforamiento, la de fondo sería que desde el caso Filesa el Supremo huye de las macroinstrucciones como el caso Gürtel.

De esta forma, la investigación sobre la trama corrupta de Correa quedaría dividida entre el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Superior de Valencia.

Por último, la Sala ha nombrado instructor de la causa al magistrado conservador Francisco Monterde Ferrer, quien en su día fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP.

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