El pleno del Tribunal Constitucional volverá a estudiar este martes el séptimo borrador de sentencia sobre el Estatut, después de que los magistrados hayan mantenido hoy una reunión de cerca de dos horas en la que la ponencia redactada por la presidenta María Emilia Casas no ha sido sometida a votación.

Los componentes del pleno -cinco magistrados conservadores y cinco progresistas, entre ellos la ponente- se han citado para reanudar sus deliberaciones a las 10:30 horas de mañana, han informado fuentes del tribunal.

Durante el pleno de este martes no se ha entrado en el fondo del asunto, ya que el Constitucional debe resolver antes los recursos que la Generalitat y el Parlamento Catalanes interpusieron contra dos de las últimas decisiones del tribunal: la de no inhibirse en el asunto del Estatut y la de confirmar que Pablo Pérez Tremps, recusado por el PP, no podrá participar en la votación de la sentencia.

Aunque ambos recursos serán previsiblemente rechazados, las resoluciones en las que se contesta al Gobierno y a la Cámara autonómicos no serán notificadas este lunes.

En cualquier caso, el examen de estos recursos ha impedido, como se preveía, que el pleno abordara hoy las deliberaciones sobre el Estatut, a la espera de sentencia desde hace casi cuatro años, ya que el PP presentó el primer recurso contra esa norma en julio de 2006.

El de esta semana es el último intento de notificar la resolución antes de que comience la precampaña de los comicios autonómicos catalanes previstos para el próximo otoño, ya que el Constitucional tiene por costumbre no pronunciarse en periodo electoral sobre temas polémicos.

El proyecto de sentencia que el pleno podría comenzar a estudiar mañana, en el que Casas ha trabajado desde que el pasado 19 de mayo asumió la ponencia y hasta que el pasado miércoles se lo entregó a sus compañeros, es muy similar al último de los cinco que elaboró la primera ponente de la resolución, la progresista Elisa Pérez Vera.

Ese borrador anulaba una quincena de artículos del Estatut -entre ellos algunos de los referidos a la lengua, el Poder Judicial en Cataluña y las competencias del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán)- y condicionaba la constitucionalidad de otra veintena a la interpretación que se les diera en las leyes que deben desarrollar esa norma.

Descartada la posibilidad de que la nueva ponencia vaya a ser aprobada en bloque, en vista de lo sucedido tanto con los borradores de Pérez Vera como con el que más tarde presentó el conservador Guillermo Jiménez, los diez magistrados que componen el pleno tienen previsto votar el nuevo proyecto de resolución artículo por artículo.

La presidenta planteó hace semanas a sus compañeros esta alternativa -que implica que la votación se prolongue a lo largo de varios días-, sin que ninguno de ellos se opusiera.

Antes, sin embargo, hay que dar respuesta a la Generalidad de Cataluña, que desde que el Senado ha reactivado el procedimiento para la renovación de los cuatro magistrados -incluida la propia Casas- que cumplieron su mandato a finales de 2007 pretende que el tribunal no se pronuncie sobre el Estatut.

El Constitucional, sin embargo, defiende su competencia y ya ha recordado al Gobierno catalán que la ley prevé que los magistrados sigan ejerciendo sus funciones hasta que tomen posesión sus sustitutos.

El Gobierno catalán también pretende que el progresista Pérez Tremps participe en la votación por bloques de la sentencia, con el argumento de que su recusación se basó en la elaboración de un informe sobre la acción exterior y las relaciones con la Unión Europea de la Generalitat, por lo que no habría obstáculos para intervenir en el debate sobre el resto de los puntos del Estatut.

El tribunal, sin embargo, volverá a contestar que la recusación de este magistrado es "firme e irrecurrible" y que supone su exclusión de las deliberaciones sobre el conjunto del Estatuto, y no sólo de una parte