L D (Europa Press) El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, amonestó este martes al abogado José Luis Abascal, que ejerce la defensa de Basel Ghalyoun, por cuestionar la prueba pericial sobre el explosivo utilizado en el 11-M. La sentencia dictada por Bermúdez, García Nicolás y Guevara identificó la sustancia explosiva como dinamita y señaló que la mayor parte procedía de la explotación asturiana "Mina Conchita". Abascal ha expuesto que la consideración de que "fuera Goma 2 ECO decantó la investigación por la vía islamista".
"La estimación por el tribunal de que el explosivo utilizado en los atentados del 11-M en Madrid fuera Goma 2 ECO conllevó a que la investigación se dirigiera a la vía islamista y que en esa dirección finalmente fuera acusado mi cliente", aseguró Abascal durante la segunda jornada de vistas en la que se analizan los 31 recursos de casación presentados por acusaciones y defensas contra la sentencia de la Audiencia Nacional.
Abascal vinculó esta conclusión al denominado "efecto Rosenthal", según el cual los resultados de una investigación vienen determinados por las expectativas de su autor. "El experimentador que tiene una hipótesis obtendrá resultados sobre esa hipótesis", señaló.
Esta afirmación provocó que el presidente del tribunal cortara la argumentación del abogado de Ghalyoun y le preguntara "en qué afecta la pericia" de los explosivos "a la condena de su cliente por pertenencia". "La Sala entiende que no le afectan ", se contestó. Tras esta advertencia, el letrado recordó que su cliente fue "acusado como autor material" y el presidente le replicó que en todo caso "no fue condenado" por ese delito. Al final, Abascal recondujo su exposición y no volvió a hacer referencias sobre los explosivos.
Belhadj alega una "prueba ilegal"
La segunda jornada de vista en el Tribunal Supremo, que se prolongó durante más de tres horas, también analizó los recursos de casación de las defensas de otros nueve condenados por la Audiencia Nacional.
El letrado de Youssef Belhadj, condenado finalmente sólo a 12 años de prisión como integrante de organización terrorista, pidió la absolución de su representado alegando que la principal prueba que obra en la causa contra él, la declaración de su sobrino Mohamed Moussaten, fue "ilegal" y se realizó "sin base fáctica, como luego bien se ha demostrado", en referencia a la absolución que dictó el tribunal del 11-M.
"La policía no le detuvo por su participación en los hechos sino por lo que podía sacar de mi defendido", alegó su abogado, Francisco Andújar, antes de añadir que el testimonio de Moussaten no pudo ser sometido a contradicción ni en la fase de instrucción ni durante el juicio. Belhadj era uno de los considerados por la Fiscalía como autor intelectual del 11-M.
Por su parte, José Luis Borraz, representante legal de Hassan el Haski, que también era considerado por el Ministerio Público como uno de los cerebros de la masacre y que finalmente sólo fue condenado a 15 años de cárcel, defendió que éste no debería haber sido considerado dirigente de la célula islamista porque, a su entender, la sentencia no acredita con ningún dato la afirmación de que existiera una "organización armada" que cometiera "actos violentos" con el objetivo de "derrocar los regímenes democráticos". También pidió, en consonancia con la opinión de la Fiscalía, que el Supremo rebaje su condena a 14 años, pena máxima para el delito por el que fue condenado.
En relación con Mohamed Bouharrat, al que se impuso idéntica condena por el delito de pertenencia, su abogada, Isabel García Moreno, señaló que el único indicio que consta contra su cliente es el hallazgo, en el piso de Leganés (Madrid), de un libro de oraciones en el que apareció una huella suya. En este sentido, indicó que en la vivienda se encontraron "más de 200 huellas y más de 100 con valor identificativo a las que no se dio esa trascendencia".
La ausencia de pruebas que acrediten que ayudara a huir de España a Mohamed Belhadj y Mohamed Afalah fue el argumento esgrimido por Julio Sánchez-Majano, letrado de Mohamed Larbi, al que el tribunal impuso 12 años de prisión.
"No sabían que llevaban explosivos"
También expusieron sus recursos de casación las defensas de Sergio Álvarez e Iván Reis, condenados a tres años de cárcel al entender el Tribunal que transportaron una parte de los explosivos que se utilizaron en los trenes de Cercanías. Sus abogadas pidieron en ambos casos la absolución argumentando que pensaban que las bolsas que el ex minero José Emilio Suárez Trashorras les encargó llevar a Madrid contenían CDs piratas y hachís, respectivamente, pero no explosivos.
Ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que preside el magistrado Juan Saavedra, también comparecieron las defensas de Abdelillah Fadual, condenado a nueve años de cárcel por colaborar con banda armada al vender a Jamal Ahmidan, "El Chino", el coche en el que según el relato oficial se trasladaron los explosivos; y Nasredine Bousbaa y Mahmoud Slimane, a los que la Audiencia Nacional impuso tres años de prisión por falsificar pasaportes para éste.
La vista, que comenzó este lunes con la exposición de los recursos de casación presentados por la Fiscalía, las otras ocho acusaciones y las nueve primeras defensas, se reanudará mañana, miércoles, a partir de las 10.45 horas, con la exposición de los recursos de las defensas de Rabei Osman, "El Egipcio", Abdelmajid Bouchar y Saed el Harrak.