Según detalla casi toda la prensa del viernes, los apuros de Rollán con la Justicia acorralan también a Gómez, ya con nulas posibilidades de vencer a Aguirre en la comunidad de Madrid.

Su asesora y mano derecha, la secretaria de Organización en el partido, Trinidad Rollán, está imputada junto a la diputada de la Asamblea de Madrid, Esperanza Rozas, y otros doce concejales más a ocho años de inhabilitación de empleo o cargo público. El delito que se le imputa es el de prevaricación en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, dentro del acaso "Patrimonio Siglo XXI".

Según publica ABC, el TSJM acordó el jueves la apertura de juicio oral contra los acusados. Cuando Rollán era alcaldesa de esa localidad madrileña, votó por un convenio urbanístico pese a que el Pleno "se puso de relieve la ilegalidad del convenio" y los miembros del equipo de Gobierno eran "plenamente conscientes de su ilegalidad".

El convenio salió adelante pese a contar con dos informes en contra, uno del interventor y otro del secretario general, que en un informe del 23 de noviembre de 2001, advertía de la ilegalidad del mismo debido a que no se ajustaba a procedimiento de concurso y por el fondo del negocio pactado.

"Ningún político en su sano juicio sigue adelante con la votación si tiene en contra esos informes, y el PSOE lo hizo", dijo a ABC el actual regidor del municipio, el popular Pedro Rollán. Por eso, afirma, Tomás Gómez tiene una gran oportunidad para "dar crédito a sus palabras de que cualquier polítco que esté acusado tiene que dimitir como político".

David Pérez, portavoz popular en la Cámara regional, también consideró que si los socialistas fueran coherentes, "desde luego debería pedir el acta de Esperanza Rojas". "Si tienene la poca vergüenza de aplicar un doble rasero de lo que el piden a unos respecto a lo que aplican a otros estaremos ante una escandalosa conducta y una coherencia muy importante.

No sólo eso: según La Razón, el pupilo de Gómez, José María Fraile, el que está llamado a suceder a Gómez en la alcaldía de Parla, está llamado a declarar el viernes por prevaricación después de que el ex jefe de la Policía Local de dicho municipio le denunciara por prevaricación. Ese ex jefe policial, Eduardo Fernández Tejero, fue el instructor jefe del expediente de Ginés en el caso Bloque.

Y es que en octubre de 2009, detalla La Razón, Fernández fue relegado de su puesto como responsable de los agentes municipales y no recibió más explicación que la afirmación de Fraile, un escueto "Eduardo, hemos perdido la confianza que teníamos en ti". El ex jefe policial recordó a Fraile que había llegado al puesto no por confianza, sino por unas oposiciones, y acto seguido "me amenazó con la apertura de un expediente disciplinario si no me iba voluntariamente de este Ayuntamiento y, si no aceptaba, a quedar relegado a cobrar mi sueldo íntegro realizando funciones testimoniales".

Según La Razón, la amenaza se cumplió y se abrió un expediente contra Fernández, aunque luego fue archivado sin sanción y por tanto el agente fue readmitido en febrero, aunque le fue adjudicada otra función bien distinta. En su ausencia, Fraile creó un nuevo cargo de subinspector y eligió a un sargento para que lo desempeñase.