A partir del martes que viene, los senadores españoles podrán utilizar el catalán, gallego, euskera y valenciano en los debates de mociones de las sesiones plenarias. Ello supondrá que la esperpéntica imagen de Manuel Chaves escuchando por sus auriculares el discurso traducido al castellano de José Montilla –ambos son andaluces- pueda a comenzar a hacerse habitual.
Según el Senado, el coste de cada sesión con traducción simultánea será de 11.950 euros. La Cámara alega que no supondrá un coste adicional porque se ha reorganizado el Presupuesto. El coste extra, dicen, se limitará a los 4.500 euros de los 400 auriculares que se han adquirido para sus señorías. Siete intérpretes se dedicarán a traducir del euskera, catalán, valenciano y gallego al castellano. Al menos no se hará al revés: se da por hecho de que los diputados sí entienden el español. Además, cada intervención tendrá que transcribirse en las lenguas oficiales en el diario de sesiones.
Las cifras del futuro Senado multilingüe se quedan muy lejos de los mastodónticos gastos que genera la traducción e interpretación en las instituciones de la burocratizada Unión Europea y en particular en la Eurocámara. Pero, sin duda, los promotores de la nueva normativa del Senado, del grupo Entesa Catalana del Progrés, se inspiraron en la imagen de las cabinas de traducción del Parlamento europeo, donde cada diputado puede expresarse en cada una de las 23 lenguas oficiales de la UE, algo que supone un gasto millonario que se lleva un tercio del Presupuesto de la Eurocámara.
Según estipula el artículo 138 del reglamento de la Cámara, "todos los diputados tendrán derecho a expresarse en el Parlamento en la lengua oficial de su elección". Cada intervención ha de ser interpretada de manera simultánea en cada una de las lenguas oficiales –alemán, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, sueco, rumano, búlgaro y gaélico-. La norma genera que se puedan dar más de 506 combinaciones lingüísticas distintas: cada lengua debe traducirse a otras 22.
Lo mismo ocurre con las traducciones de normativas, mociones, etc. El reglamento estipula que todos los documentos que apruebe el parlamento –algo que se extiende al resto de instituciones de la UE- deben redactarse en todas las lenguas oficiales. La consecuencia de esta norma es un ingente equipo de traductores: 700 se encargan de traducir todos los papeles a cada lengua oficial. Además, en cada sesión plenaria trabajan entre 800 y 1.000 intérpretes. Hay 430 intérpretes que trabajan como funcionarios pero se cuenta, además, con una reserva de otros 2.500 considerados externos.
Salvando el hecho de que para muchos se podría aligerar el complicado sistema lingüístico de la UE, dada la escasa representatividad de algunas de las lenguas, lo cierto es que dentro de la propia Unión se han reconocido los fallos de un trabajo de traducción que genera cada año más de un millón de traducciones de documentos oficiales. En una declaración de la Eurocámara tras un informe sobre los gastos lingüísticos relativos a 2003, se apuntaba que de los 163 millones de euros que se gastaron en traducciones en todas las instancias de la UE -57 correspondieron sólo al Parlamento- un 16%, 25,9 millones, pudieron haberse ahorrado. Se trató de "gastos por servicios ofrecidos pero no utilizados y disposiciones de servicios suplentes".
En la UE, se justifica este gasto en el derecho de cada eurodiputado a hablar en su lengua y la "necesidad" de que los ciudadanos, sean del país que sean, puedan "acceder" a los textos. En España, el argumento obviamente no sirve. Aquí, pese a que todos los senadores conocen, como obliga la Constitución, la lengua común a todos los españoles, se impondrá el uso del auricular para entender las intervenciones en las lenguas cooficiales.