El Congreso de los Diputados ha puesto este jueves nuevos limites a la jurisdicción universal, al aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que restringe la actuación de la Audiencia Nacional en esta materia a los casos en que existan víctimas españolas o los responsables del delito estén en España.

La reforma, que ha superado este jueves su último trámite parlamentario y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor del PSOE, PP, CiU, CC, Nafarroa Bai, UPyD y UPN, y en contra del PNV, BNG y ERC-IU-ICV, que consideran que es un paso atrás en la defensa de los derechos humanos.

Durante el debate de hoy se han aprobado las enmiendas del Senado al proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la legislación procesal, en el que se incluye la modificación del artículo 23 del LOPJ, que regula las competencias de la jurisdicción española en delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería, entre otros.

Una de las enmiendas aprobadas suprime la inclusión de los "crímenes de guerra" entre los delitos perseguibles en España, que figuraba en el texto que inicialmente salió del Congreso.

Quince causas pendientes

En la actualidad, la Audiencia Nacional tramita una quincena de causas bajo el principio de la jurisdicción universal, que van desde la investigación de delitos de genocidio en Guatemala o el Tíbet o de crímenes de guerra en Gaza, las torturas en Guantánamo o, más recientemente, los actos de piratería en las costas de Somalia.

A partir de ahora los jueces de la Audiencia Nacional sólo podrán perseguir dichos delitos cuando exista algún vínculo de conexión relevante con nuestro país.

Eso limitará su actuación a casos en los que haya víctimas españolas o los responsables se encuentren en España, pero además tampoco podrán actuar si se ha abierto una "persecución efectiva" de los mismos hechos en el país donde se han cometido o en un tribunal internacional.

Igualmente, si el país implicado, o un tribunal internacional, abre otro proceso sobre los mismos delitos, la jurisdicción española deberá archivar provisionalmente la causa.

No creará espacios de impunidad

Durante el debate, el diputado socialista Julio Villarrubia, ha recordado que la reforma, fruto de un acuerdo inicial entre PSOE y PP, obedece al mandato emitido por el Congreso el pasado mes de mayo.

Villarrubia ha asegurado que el PSOE no ha cambiado su forma de pensar ni su sensibilidad hacia la jurisdicción universal, ya que la nueva regulación sigue permitiendo que los delitos graves no queden impunes y puedan ser perseguidos y juzgados.

En esa misma línea, la diputada del PP Dolors Montserrat ha defendido que no se pretende crear espacios de impunidad para nadie, sino conseguir que la Justicia sea efectiva, pese a que a "algún juez le pueda servir para ganar cientos de miles de euros en algún curso en el extranjero", ha dicho en alusión al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

"Se está pretendiendo que la Justicia española se ocupe de lo que se tiene que ocupar", ha señalado Montserrat, que considera que de lo contrario estaríamos dando un "espectáculo bochornoso" y creando expectativas "falsas" a las víctimas que después no se ven resarcidas por la Justicia.

Desde el PNV Emilio Olabarría ha afirmado que hubiera preferido que ya que se regula esta materia, se hiciera bien, aunque también es reticente a que la Audiencia Nacional se convierta en un "gendarme del mundo".

En contra de la reforma se ha pronunciado el portavoz de Esquerra Republicana, Joan Ridao, al considerar que con este "grave error" hoy se da un paso atrás en lo que ha sido hasta ahora una "conquista propia de una sociedad democrática".