Las asociaciones de jueces califican de "impresentables" las presiones contra el Tribunal Constitucional que se están produciendo desde diferentes fuerzas políticas en Cataluña, Por ello, han solicitado que la presidenta del TC, María Emilia Casas, defienda su autonomía y su independencia.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, cargó con dureza contra la clase política por tener una "conciencia muy pobre" sobre el significado del Estado constitucional y pidió no confundir la libertad política" y el derecho a la crítica con una "injerencia grosera" en el ámbito de la actuación jurisdiccional.

"Disponemos de una clase política que nos está conduciendo desde el punto de vista institucional al descrédito generalizado", denunció el portavoz, quien admitió echar en falta una declaración "prudente moderada pero clarificadora" de la presidenta del TC, María Emilia Casas, defendiendo la "independencia y autonomía" del alto tribunal.

Tras evitar especulaciones sobre si existe otra vía en la Constitución para sortear la sentencia del TC, el representante de la APM subrayó que los dirigentes políticos "no son gente con privilegios" y están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico "les guste o no" igual que el resto de la ciudadanía.

El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Marcelino Sexmero, manifestó que "es impresentable que cualquier forma política presione a un tribunal de justicia y mucho menos al Tribunal Constitucional" y añadió "que no es de recibo ninguna presión".

Respecto a las declaraciones del Gobierno de Cataluña, en las que afirmaba que si la sentencia del TC declaraba inconstitucional el Estatuto, el Ejecutivo catalán lo llevará a cabo por otras vías, Sexmero comentó que ve "muy difícil" que ocurra, pero que "la posibilidad de forzar la ley siempre es admisible".

Desde la Asociación Jueces para la Democracia, de corte progresista, su portavoz, Miguel Ángel Gimeno, aclaró que "es difícil que las manifestaciones de los políticos, por muy radicales que sean, puedan influir en la decisión que haya tomado el Constitucional". "El TC ha tenido durante varios años una discusión intensa y no creo que esto ahora tenga ninguna influencia sobre la decisión final", apostilló.

Por otro lado, Gimeno apuntó que "el Gobierno de Cataluña ha dejado bien claro que las sentencias se acatarán" y que, a su juicio, "es legítimo que una comunidad autónoma aspire a tener un grado de competencias sobre lo que sea y que busque algún camino constitucional" para llevarlo a cabo.