Nunca antes en la historia de la democracia española un grupo de medios de comunicación se había unido para atacar al órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución. Este jueves doce periódicos catalanes, a los que posteriormente se les han sumado tres radios autonómicas, han unido su línea editorial para atacar al Tribunal Constitucional.

El motivo: la posibilidad de que el Alto Tribunal falle de forma inminente sobre el Estatuto de Cataluña y que la sentencia modifique algunos de los puntos más polémicos de la norma estatutaria. Por ello, el cuarto poder catalán no ha escatimado a la hora de contar falsedades en un editorial que ha desatado la polémica.

En primer lugar, el texto cuestiona la competencia del Constitucional y la legitimidad de sus miembros para decidir sobre el Estatuto de Cataluña. Sin embargo, la Carta Magna atribuye al Alto Tribunal la tarea de enjuiciar la conformidad o disconformidad de las Leyes para que éstas se ajusten a ella. Además, el artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, encargada de regular el funcionamiento de la institución, le da competencia explícita para decidir sobre “susceptibles declaraciones de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía y demás leyes orgánicas”.

Ataque contra los magistrados

Pero el editorial no sólo carga contra la función que cumple el TC sino que, va más allá, y arremete contra sus miembros. Según, la prensa catalana “sólo la mitad de los integrantes” del tribunal “se hallan hoy libres de percance o de prórroga”. Esta afirmación se debe a que de los diez jueces con derecho a voto sobre el Estatut (tras la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps y el fallecimiento de Roberto García Calvo) “cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición (...)”. 

Lo cierto es que, aunque el aparente bloqueo de la renovación del TC se debe a la falta de acuerdo entre PP y PSOE para encontrar sustitutos, la razón de fondo es que si ésta se produce ahora podrían caer en saco roto los tres años de deliberaciones sobre el Estatut. Tanto el Ejecutivo como la oposición son conscientes de ello, por lo que han congelado las negociaciones.

Pero el editorial no sólo se ciñe al papel del intérprete máximo de la Constitución sino que pasa a mentir descaradamente diciendo que el hecho de que el tribunal falle a favor o contra de la norma estatutaria catalana se debe a la “aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta”.

Interpretación aleatoria de la Constitución

Según los diarios catalanista “no sólo están en juego éste o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición”. Falso. Está en juego que se impugnen o no los 182 preceptos recurridos por el PP y 113 recurridos por el Defensor del Pueblo en el Estatut. Eso sí, muchos de estos artículos dañan las bases del Estado de derecho español, ya que el Estatuto define a España como Estado plurinacional, por lo que cambia su definición, define a Cataluña como nación, reforma el Poder Judicial y se arroga con múltiples competencias que hasta ahora sólo obraban en poder del Estado central.

Además, el editorial apela a la Constitución para justificar que Cataluña se defina como nación y que de ella emanen símbolos nacionales. Para ello cita el artículo 2 de la Carta Magna que, dicen, reconoce “una España integrada por regiones y nacionalidades”. Sin embargo, los diarios han olvidado mencionar la mayor parte de este artículo donde se señala que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. De la unidad indisoluble y de la solidaridad entre las autonomías ni una sola referencia.

Y en un nuevo amago de la prensa nacionalista para consolidar la relación “tú a tú” que el Estatuto promulga entre Gobierno central y autonómico, el texto sostiene que está en manos del TC “decidir sobre el marco real de convivencia español”. Afirmación alejada de la realidad puesto que el Constitucional, como intérprete supremo de la Carta Magna, debe pronunciarse únicamente sobre la constitucionalidad o no de una ley orgánica como es el Estatut.

Para terminar afirman: “confiamos en la probidad de los jueces”. “Confían” tanto que por ello han recurrido a un hecho sin precedentes en la historia del periodismo español. Sin lugar a dudas, el hecho de que no quepa recurso alguno contra el veredicto del Constitucional pone nervioso a aquellos que ven como se puede tambalear una controvertida ley cuya aplicación cumple ya tres años.

Por su parte, fuentes del Alto Tribunal han señalado a LD que no se van a pronunciar sobre el ataque.