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Familiares de 33 etarras podrán acogerse a las ayudas de la Ley de Memoria Histórica

Si el pleno del Congreso no pone remedio, las familias de 33 etarras, muertos entre 1968 y 1977, podrán solicitar ayudas por valor de más de cuatro millones de euros, 135.000 euros para cada una, gracias a la Ley de Memoria Histórica. Según recuerda el diario La Razón, el PP presentó en su momento una enmienda para impedirlo, pero no salió adelante por el rechazo del PSOE y sus socios.

Si el pleno del Congreso no pone remedio, las familias de 33 etarras, muertos entre 1968 y 1977, podrán solicitar ayudas por valor de más de cuatro millones de euros, 135.000 euros para cada una, gracias a la Ley de Memoria Histórica. Según recuerda el diario La Razón, el PP presentó en su momento una enmienda para impedirlo, pero no salió adelante por el rechazo del PSOE y sus socios.
(Libertad Digital) Según publica este domingo el periódico La Razón, el artículo 10 de la polémica Ley abre la puerta para que los herederos de aquellos etarras muertos -de los cuales dos fueron fusilados en 1975; ocho fallecieron mientras manipulaban artefactos explosivos; uno, tras un desprendimiento cuando construía un refugio subterráneo; y el resto en tiroteos con las Fuerzas de Seguridad- puedan cobrar las indemnizaciones pertinentes por morir "en defensa y reivindicación de las libertades y los derechos democráticos", pese a que la Historia ha demostrado que los asesinatos de ETA nada tienen que ver con la libertad ni con la democracia. 
 
Para impedir esta situación, el PP presentó una enmienda para solicitar que "quienes emplearan el terrorismo y cualquier forma de violencia" fuesen excluidos del citado artículo 10, una iniciativa que fue rechazada por falta de apoyo del PSOE y de los partidos nacionalistas.
 
"Otro modo de profanar las tumbas de las víctimas de ETA"
 
Según La Razón, Cristina Cuesta, portavoz del Colectivo Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) y gerente de la Fundación Miguel Ángel Blanco, declaró que "un terrorista no deja de serlo por matar en un régimen dictatorial o hacerlo en otro". Si las familias de los asesinos de ETA llegan a cobrar las indemnizaciones "sería darle un respaldo ideológico al terrorismo, por el mero hecho de haber sido ejercido en un periodo no democrático, que no tiene sentido. Sería algo así como exaltar la actividad criminal", explica Cuesta.
 
Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado por ETA en 1995 con un tiro en la nuca, expresa su indignación: "¿Por qué siguen, entonces, matando cuando ha llegado la democracia si estaban luchando por esa libertad y esa democracia ahora alcanzados?".
 
En declaraciones también para La Razón, Carlos Ábalos, portavoz de la junta directiva de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), declara: "Una vez más, nos parece un insulto para las víctimas. Es otro modo de profanar las tumbas de nuestros muertos".

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