(Libertad Digital) Las fugas de narcotraficantes, etarras, violadores y menores delincuentes son lamentablemente parte fundamental de los escándalos judiciales de España. No hace mucho tiempo que la actitud de una jueza de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso, significó la puesta en libertad de terroristas en contra de la opinión de fiscales, psicólogos y directores de cárceles. El tercer grado y la reincidencia son con demasiada frecuencia un binomio que sólo perjudica a las víctimas de la delincuencia.

 

Pero la nueva directora general de Instituciones Penitenciarias ya ha dado suficientes muestras de la política de prisiones que nos espera en esta legislatura. En una entrevista concedida a la agencia Europa Press, tras el cese del director de Alcalá Meco por el régimen de visitas del preso Mario Conde, Mercedes Gallizo deja claras sus intenciones. Eso sí, asegura que no habrá que cambiar ley alguna. Sólo, y eso es lo peor, “eliminar obstáculos que no son razonables”.

 

Muchas de las medidas que esboza Gallizo son de sentido común, como la mejora de las instalaciones, un mayor control sanitario, programas adecuados para desintoxicación por drogodependencia o llegar a soluciones para evitar que los hijos de reclusas crezcan en las cárceles. También es normal la solicitud de medios económicos si aumenta la población reclusa. Ya parece menos razonable que las presas también salgan de la cárcel para estar con sus hijos como propone Gallizo. O el anuncio de acuerdos con la Secretaría de Estado del Deporte o con la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades de España), en medio de la polémica posibilidad de que los presos etarras vuelvan a estudiar allí donde tenían privilegios, en la Universidad pública vasca, algo que evitó el anterior gobierno.

 

 

Lo más preocupante sin dudad es esa eliminación de "obstáculos que no son razonables" para el acceso de los presos al tercer grado, aunque insista Gallizo en que no tiene intención de cambiar ni leyes, ni reglamentos. Mercedes Gallizo recordó en la entrevista la orden que dictó para que los internos que no habían pagado a sus víctimas la responsabilidad civil asociada a su condena por haber sido declarados insolventes puedan acceder al tercer grado, si cumplen los requisitos, con el compromiso de resarcir su deuda.

 

Según la directora de prisiones, "en algunos casos, estas personas habían sido declaradas insolventes", sin embargo, añadió que "si tienen un proceso positivo de inserción" y la posibilidad de "acceder a un trabajo con el que hacer frente a ese requisito, es absurdo que limitemos esa posibilidad, que también perjudica a la víctima, porque al mismo tiempo no se les da la oportunidad de tener un trabajo para hacer frente" a esa responsabilidad civil.

 

La responsable penitenciaria precisó que accederán al tercer grado las personas que los centros determinen y "eso no va a cambiar". Pero matizó que "nosotros, lo que queremos es que eso sea más razonado, más beneficioso, no sólo para los internos con buen pronóstico, sino para la víctima, que es la que tiene que cobrar la indemnización". No explica sin embargo, la forma de persuadir a quienes corresponde supervisar un tercer grado sin cambios reglamentarios. La clave, según Gallizo está en que "la ley, salvo en casos determinados, permite una flexibilidad para que se pueda producir ese proceso".

 

Para Gallizo "se está produciendo un incremento de población penitenciaria, producto de que se aprobaron modificaciones legislativas que no tuvieron la previsión oportuna, lo que nos ha complicado las cosas".