El mismo día que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenaba a Garzón investigar “a fondo” el chivatazo a la banda terrorista ETA, el instructor dictaba una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, y citaba al jefe del equipo de investigación del soplo y a otros dos agentes del operativo. Ambas resoluciones judiciales están fechadas el mismo día, el 15 de febrero.

Una diligencia ésta que si bien el titular del juzgado de Instrucción Número 5 se opuso a practicar hasta en dos ocasiones a petición de las víctimas, ahora no ha tardado ni en 24 horas en ordenar.

De esta forma, Garzón comenzará de esta forma a practicar las nuevas pruebas que habían solicitado Dignidad y Justicia (DyJ) y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) tomando declaración a partir de las 17.00 horas al responsable director de la investigación y autor principal del informe incriminatorio, Carlos G., y a dos funcionarios del Grupo VIII de la Brigada Provincial de la Investigación a los que la Sala identifica con los nombres de 'Unai' y 'Sugoi'.

En la providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pide al equipo de investigación que aporte los datos de la cabina situada junto al bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), donde se produjeron los hechos, si estaba intervenida y si consta alguna llamada del propietario del local, Joseba Elosúa.

Además, el magistrado solicita la trascripción de las llamadas de la cabina y si Elosúa tuvo alguna conversación con el etarra José Antonio Cau, al que se considera enlace de la banda para el cobro del 'impuesto revolucionario'.

A la vista de estas pruebas, el juez decidirá si cursa una comisión rogatoria a Francia para solicitar un análisis del tráfico de las llamadas que se produjeron los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006. En este sentido, preguntará a las autoridades francesas si el motivo de la suspensión de la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA estuvo motivado por una filtración policial.