L D (EFE) En un auto, el magistrado señala que, "dado el estado precario de salud del imputado, parece razonable suponer la no elusión a la acción de la Justicia, y ello se constituye como serio argumento para acordar la libertad provisional", aunque Elosua no podrá abandonar el territorio nacional.

 

Según informaron fuentes jurídicas, el pasado 5 de febrero el centro penitenciario donostiarra de Martutene informó al Juzgado de que el interno había sufrido "tres episodios sincopales", con pérdida de conocimiento y caída al suelo, de los que había tardado en recuperarse entre 30 y 60 minutos. Elosua padece asimismo una dolencia cardiaca y tiene un tumor prostático.

 

Ante esta situación, la Fiscalía pidió un informe médico, que concluyó que las enfermedades que aquejan al imputado "suponen un riesgo vital a corto plazo" y que su estancia en prisión dificulta su tratamiento, por lo que el Ministerio Público informó a favor de su puesta en libertad.

 

El servicio médico de la prisión informaba en el fax remitido a la Audiencia Nacional que la estancia de Elosúa en prisión "no es beneficiosa para el buen control y seguimiento de sus enfermedades ya que, entre otras causas, los síncopes que padece le suponen un riesgo vital elevado".  En dicha comunicación se decía también que "el ambiente cerrado y estresante inherente a la prisión en general y, en este caso en particular, influye muy negativamente en las esferas psíquica,  física y emocional, favoreciendo las complicaciones médicas, que en su caso ya son severas de base, y es por ello que solicitamos sea valorada por la autoridad judicial de quien dependa la posibilidad de libertad provisional por enfermedad, al encontrarse en prisión preventiva.

 

Elosua es la persona que asegura que el pasado 4 de mayo, cuando inicialmente se iba a desarrollar la operación policial contra la trama de extorsión de ETA, unos desconocidos le entregaron un teléfono móvil a través del que un tercero le advirtió de que ésta estaba en marcha. El juez Garzón mantiene todavía abierta una investigación sobre este supuesto "chivatazo".

 

Aquel chivatazo, según la investigación, pospuso el operativo policial para el 20 de junio. En ese golpe fueron detenidos 12 personas: cinco en España y siete en territorio francés. A raíz de estos hechos, el juez Fernando Grande Marlaska tuvo importante desavenencias con el entonces Comisario General de Información, Telesforo Rubio, a quien pidió abandonar  esta investigación y que nombrara a un nuevo interlocutor. Así fue designado el inspector jefe Carlos Germán, de la Unidad Económica de la Comisaría de información.  Grande Marlaska siguió entonces las pesquisas para averiguar la identidad del policía que dio el chivatazo a los investigados.