Doris Malfeito y María Luisa Mas, esposas de los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, han quedado este mediodía en libertad después de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el marco de la 'Operación Pretoria', según informaron sus abogados.
Ambas llegaron puntuales a su cita con el instructor quien les imputa un delito de blanqueo de capitales dentro de la supuesta trama de corrupción urbanística en torno a dirigenet catalanes. A su salida de la Audiencia Nacional, donde han declarado durante 25 minutos en total (los primeros 20 lo ha hecho Malfeito y los cinco restantes MAS) las dos comparecientes se negaron a realizar declaraciones al aluvión de medios de comunicación que estaban esperándoles.
Malfeito, que fue perseguida por varias decenas de cámaras e informadores, salió del tribunal visiblemente afectada e intentando ocultar su rostro, mientras que Mas mantuvo una actitud de mayor serenidad.
Según Garzón, la esposa de Prenafeta habría ayudado a su marido a "purificar los beneficios de sus actividades presuntamente ilícitas", según consta en un auto dictado por el juez. Además, era la administradora de la sociedad Poliafers, a través de la cual se canalizaron algunas de las comisiones cobradas por el ex alto cargo de CiU. Por su parte, la mujer de Alavedra figuraba en la dirección de una empresa con sede en Andorra que supuestamente habría gestionado comisiones ilegales.
Continúan los interrogatorios
Por otra parte, esta tarde ha declarado el ex director del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó quien ha asegurado que el pago de 244.000 euros que recibió en una de las operaciones urbanísticas investigadas en el 'caso Pretoria', y por la que el juez Baltasar Garzón le imputa un delito de cohecho, correspondía a sus "honorarios profesionales", informa Europa Press.
Carbó, que compareció durante casi 20 minutos ante Garzón, está acusado de recibir esta cantidad de la empresa Niesma Corporació por "dar cobertura legal a las posibles influencias favorables por los cargos ocupados en el periodo de la modificación del plan urbanístico" que afectaba a varias fincas recalificadas en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).
"He tratado de desmontar lo que se está diciendo sobre mí, incluido lo que dicen los periodistas", señaló Carbó a su salida de la Audiencia Nacional, a la que acudió en compañía de su abogado, Francesc Jufresa. En este sentido, apuntó que el cobro que le imputa el juez se debe a las labores de asesoramiento que la empresa de la que era socio mayoritario (GCB Assessorament Urbanistic i Projects) ofreció a la compañía Niesma. Esta operación urbanística, según el auto dictado por el juez Garzón el pasado 30 de octubre, causó un agujero en las arcas municipales del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres de 17,6 millones de euros
Más tarde, comparecerá el empresario Manuel Valera, administrador de la sociedad Niesma, que habría provocado un agujero de 13 millones de euros en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, y vinculado al ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis García.
A continuación, Garzón concluirá los interrogatorios previstos para hoy con la declaración de Lluís Falcón, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Santa Coloma. Está imputado por asociación ilícita, al haber participado en la denominada 'Operación Pallaresa' y haber realizado "decisiones que propiciarían su ejecución", así como "adjudicaciones en condiciones favorables a alguno de los imputados".
Por su parte, el fiscal Anticorrupción Luis Pastor ha pedido al juez Garzón que no adopte ningún tipo de medidas cautelares contra los imputados que declaran este jueves. Mañana viernes continuarán los interrogatorios.