En este documento, el juez Baltasar Garzón ordenaba, nada más incorporarse al Juzgado tras su descanso estival, estimar el recurso de la Fiscalía y ordenar el ingreso en prisión incondicional de Aranalde, si bien la orden no se hizo pública para tratar de evitar su fuga.

La medida del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, contraria a la adoptada la semana pasada por su compañero Eloy Velasco –que la puso en libertad bajo fianza de 12.000 euros–, no logró su objetivo, puesto que la Policía trató infructuosamente de dar con ella durante todo el día de ayer lunes. Por eso, este martes a primera hora dictó una orden de busca y captura contra la miembro del grupo Donosti.

En el auto dictado ayer lunes, Garzón defiende que los hechos por los que su Juzgado obtuvo la entrega de Aranalde el pasado martes (integración en ETA y tenencia de armas y explosivos con fines terroristas) comportan un grado "elevado" de riesgo de sustracción a la acción de la justicia "teniendo entrega que la entrega de la procesada no ha sido voluntaria". En este caso, según defiende el magistrado "se cumplen todos los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional para que su prisión sea con carácter incondicional y no sujeta a fianza".

Añade que los hechos que él mismo imputó a Aranalde en un auto de procesamiento redactado en noviembre de 2005 por los citados delitos son los mismos que se incluyen en el decreto de entrega de las autoridades judiciales francesas, y que dicha resolución no ha sido modificada por la sentencia dictada en el país vecino contra la joven por el delito de asociación de malhechores y conducta terrorista cometida en suelo francés.

Deberes de un instructor

Recuerda asimismo a su compañero Velasco –que le sustituía la semana pasada durante sus vacaciones de agosto–, que el juez "debe velar, exclusivamente, porque la procesada no se sustraiga a la acción de la justicia, riesto que, en este caso, sólo se concita con la prisión provisional incondicional de la misma".

Dice también Garzón que no debe olvidarse que Aranalde ya huyó de España y que "existe la posibilidad más que probable" de que cualquier momento, de estar en libertad, "pueda volver a la actividad en el seno de la misma, a la que no ha renunciado, ni expresa ni tácitamente".

Respecto de los argumentos de la defensa de Aranalde, que presentó una sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Nacional en abril de 2007 respecto del compañero sentimental de la joven, Iker Olabarrieta, por tenencia de explosivos, Garzón recuerda que esta resolución "no puede determinar la certea o presunción de que la procesada Aranalde vaya a correr la misma suerte".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó el pasado viernes un recurso en contra de la decisión del juez Velasco y solicitó, además, que se le impusieran a Aranalde mayores medidas de seguridad para garantizar que la terrorista no huyera del territorio español, como finalmente ha sucedido.

El Ministerio Público recordaba que Aranalde fue detenida en Francia, adonde había escapado cuando formaba parte del comando K-Zelatun, lo que podría facilitar que lo hiciera de nuevo. Pedía también que las comparecencias impuestas fueran diarias, en lugar de semanales.

Aranalde fue entregada a España el pasado martes después de cumplir en Francia una condena por asociación de malhechores. A su llegada a la Audiencia Nacional se comprobó que la documentación que la acompañaba se refería únicamente a una de las dos causas por las que se la investiga, un delito de tenencia de explosivos. No existía, sin embargo documentación sobre la otra investigación en marcha, sobre su participación en la colocación de varias bombas durante el Puente de la Constitución de 2004.

Velasco decretó su ingreso en prisión por esta acusación de posesión de dinamita y le impuso para eludir la cárcel una fianza de 12.000 euros, que fue abonada por su familia. El Juzgado responsable de la otra causa se vio impedido de dictar medidas en su contra ante la carencia de papeles.