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Garzón imputa un delito de falsedad a los peritos que elaboraron el informe que vinculaba a ETA con el 11-M

Garzón, ignorando que no tiene competencias en este caso, ha imputado un delito de falsedad en documento oficial a los peritos que elaboraron el informe sobre el ácido bórico que relacionaba a ETA con el 11-M. El juez les acusa de falsificar la fecha del informe. Según el auto, los imputados entregaron este documento a su jefe, Francisco Ramírez, quien les ordenó que suprimieran la referencia a ETA. Al negarse los peritos, el propio Ramírez suprimió la alusión a la banda terrorista, lo firmó y lo remitió al juez Del Olmo sin haber realizado él los análisis. Un año y cuatro meses después, los peritos sacaron de su ordenador el informe original para demostrar que Ramírez lo había falseado. Como lo volvieron a firmar Garzón da la vuelta a esta historia y les imputa a ellos el delito. LEA AQUÍ EL AUTO. Análisis de Luis del Pino

L D (Agencias) El juez de la Audiencia Nacional imputó este viernes un delito de falsedad en documento oficial a los tres peritos que elaboraron el informe original sobre el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los procesados por los atentados del 11-M, hecho que se vinculaba con el descubrimiento de esta misma sustancia en un piso franco de ETA en 2001.  
 
En un auto dictado este viernes, el juez cuenta como los tres imputados entregaron el pasado 11 de julio de 2006 un informe que habían realizado el 21 de marzo de 2005 y que el que entonces era su superior, el jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, Francisco Ramírez, había rechazado porque incluía referencias a ETA. Según Ramírez, sus consideraciones eran "opiniones subjetivas y faltas de consistencia".
 
Ramírez pidió a Escribano que reelaborase el informe eliminando estas observaciones, al "extralimitarse de lo que se les había solicitado". Como los peritos se negaron a hacerlo, el propio Ramírez se reasignó el caso a sí mismo, "lo cual estaba dentro de sus competencias como Jefe de Sección", según Garzón y remitió su informe el 22 de marzo de 2005 a la Comisaría General de Información. El informe remitido por Ramírez y firmado sólo por él es exactamente el mismo que el realizado por los policías ahora imputados. Sólo falta la referencia a ETA. Ello significa que los análisis no se repitieron y que Ramírez firmó unas conclusiones científicas que él no había hecho.
 
El pasado 11 de julio los peritos imputados sacaron de su ordenador una copia del informe original que había rechazado Ramírez, con fecha 21 de marzo de 2005, lo volvieron a firmar  y se lo entregaron a su nuevo jefe, José Andradas. Según el juez, este hecho "acredita la intención" de los tres peritos "de producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue, que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica".
Los imputados son los peritos de la Policía Científica Manuel Escribano Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique Manrique, a quienes el magistrado ha citado a declarar el día 18 de octubre en el Juzgado Central de Instrucción número 5.
 
Ramírez testigo, los policías imputados
 
El juez Garzón tomó declaración como testigos al propio Ramírez y al secretario general de la Comisaría General de Información, quien había solicitado el informe sobre los atentados. El magistrado interrogó ayer hasta la madrugada, también en calidad de testigos, a los tres peritos ahora imputados y al Comisario General de Policía Científica, Miguel Angel Santano.  El magistrado investiga estos hechos después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional le remitiera la denuncia interpuesta el pasado viernes por la plataforma España y Libertad por delitos de falsedad contra Ramírez, Andradas, Santano y contra el ex comisario general de información Telesforo Rubio. Esta diligencia pertenece a la causa que instruye este magistrado sobre los atentados cometidos en Casablanca (Marruecos) en mayo de 2003, en la que también se investiga a El Haski.
 
Por su parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional remitió el miércoles la instrucción sobre estos hechos que constaban en el juzgado de Juan del Olmo, el encargado de instruir la causa por los atentados del 11-M, a los Juzgados de Instrucción de Madrid, ubicados en Plaza de Castilla. El tribunal consideró que la Audiencia Nacional no es competente para investigar este tipo de delito por no encontrarse entre los tipos criminales que tiene encomendados.
 
Registro a los peritos
 
Por si todo lo ocurrido fuera poco, horas después de la imputación Garzón ordenó un registro de las mesas de los tres peritos. El registro se realizó en la sede de la Comisaría General de Policía Científica, en uno de los edificios que integra el complejo policial de Canillas, en Madrid. Esta es una decisión contraria al auto en el que la Audiencia acordó remitir el caso de la falsificación a los Juzgados de Instrucción de Madrid. La Fiscalía lo ha recurrido pero sigue vigente la remisión.
 
Recurso de la fiscalía

Mientras, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión de la sala de lo penal de este tribunal de remitir a los juzgados de Madrid el asunto sobre presunto delito de falsedad en el informe pericial relativo al ácido bórico hallado en la casa de Hassan El Haski. En el escrito de la Fiscalía se considera "meridianamente clara" la conexión entre el informe pericial del laboratorio químico-toxicológico y la investigación abierta contra El Haski, por lo que se afirma que el instructor -el juez Baltasar Garzón- se encuentra "perfectamente habilitado para la investigación de la sustancia incautada en el domicilio del imputado".

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional apreció el pasado día 27 indicios de un presunto delito de falsedad en el informe pericial sobre el ácido bórico hallado en el domicilio de El Haski en Lanzarote y acordó remitir el asunto a los Juzgados de Instrucción de Madrid, al considerar que el presunto delito de falsedad no es ninguno de los que le competen a la Audiencia Nacional.

La Fiscalía entiende que esa decisión de la sala "pudiera haber sido precipitada" al remitir la causa a los juzgados de instrucción de Madrid, pues "ha determinado la competencia prescindiendo de unas diligencias judiciales abiertas" en el juzgado central número 5.

Además, el Ministerio Público cuestiona la decisión de la sala porque ha fundamentado la deducción de testimonio a los juzgados de Madrid "en fotocopias de documentos y de una información periodística que no tiene ninguna garantía de autenticidad".

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