LD (Europa Press) Nuevos interrogatorios del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el marco de la operación Cacería. El magistrado interrogará este miércoles, a partir de las 10.00 horas, a los seis últimos imputados del caso entre los que se encuentran los ex alcaldes de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey (Madrid), Jesús Sepúlveda y Ginés López (ambos del PP), respectivamente, informaron fuentes jurídicas.

Los ex regidores dimitieron de sus cargos después de que el pasado día 5 el juez les imputara inidiciariamente por considerar que podrían haber cobrado 523.439 euros en el caso de López y 422.992 en el de Sepúlveda, en concepto de comisiones a cambio de adjudicaciones a las empresas del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también tomará declaración al ex diputado madrileño y ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente; al ex edil de Boadilla del Monte José Galeote; al ex concejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote; y a Tomás Martín Morales, que fue director general de Gestión Urbanística y Consumo del Ayuntamiento de Boadilla.

En concreto, los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) del Cuerpo Nacional del Policía contenidos en el auto de imputación de Garzón señalan que José Galeote habría cobrado comisiones por importe de 612.506 euros; Ricardo Galeote por valor de 42.469 euros; y Carlos Clemente, por 16.000. Martín Morales, por su parte, se habría repartido 510.000 euros con el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y habría percibido en solitario otros 378.172.

Monopolio en la organización de eventos

Los seis comparecientes están imputados por los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo de los capitales. En estos ayuntamientos, según la resolución judicial de Garzón, Correa llegó a "gozar" de "una situación próxima al monopolio" en la organización de eventos.

Asimismo, el empresario entró, según el juez, en "el sector de la construcción de alto nivel especulativo aprovechando el control de los municipios y el hecho de que las sociedades municipales de gestión de suelo se realizaban importantes actuaciones para el desarrollo de nuevas áreas".

La imputación de todos ellos se debe a que sus nombres aparecían en un 'pen drive' que el financiero del entramado, José Luis Izquierdo, guardaba en la sede que las empresas de la trama de Correa tenía en la calle Serrano de Madrid. En estos apuntes de "contabilidad B" existía una cuenta por cada persona física, jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable, algunas de las cuales estaban designadas con el nombre de los imputados o con sus iniciales.

En concreto, en Arganda del Rey, la trama consiguió el apoyo del alcalde, Ginés López; del diputado autonómico Martín Vasco, director de la empresa que se encargaba de la promoción del suelo urbano; y de Tomás Martín, que llegó a tener despacho en la Alcaldía.

Así, el regidor habría recibido entre 2004 y 2008 billetes de avión, estancias en hoteles, pagos del alquiler de coches y tres entregas en efectivo de 480.000 euros. Martín Vasco, por su parte, habría sido obsequiado con, entre otros regalos, la organización de su boda, el viaje de novios a Polinesia (por valor de 28.800 euros) y compras en una joyería.

 Con respecto a Pozuelo de Alarcón, Garzón cree que el alcalde, Jesús Sepúlveda, era una "persona de su confianza en el partido y con la que ya había trabajado". Además, mantuvo relación con la concejal de Obras, Yolanda Estrada. Según las declaraciones que obran en las diligencias, el regidor habría recibido varios regalos de la trama, como un vehículo todoterreno o una pantalla de plasma.

Garzón mantiene la causa

Garzón ha imputado hasta el momento a 45 personas en esta causa, en la que investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades de administraciones del PP de Madrid y Valencia a cambio de la adjudicación de contratos.

El juez se reservó la posibilidad de llevar a cabo estos interrogatorios en tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no responda a la inhibición en su favor que materializó el pasado viernes tras haber implicado en la causa de los diputados madrileños Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.

 De igual modo, Garzón envió una parte secundaria de la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras encontrar indicios de responsabilidad penal que afectan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps; y al secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa.