Como si ello fuera una garantía de legalidad, el juez de la Audiencia Nacional apoyó su argumento en que tenía el permiso del Ministerio Fiscal –es decir, de Cándido Conde Pumpido- para poner los micrófonos en la cárcel y grabar las conversaciones entre los imputados y sus abogados.

Garzón se pronunció así en Valencia tras impartir la conferencia de clausura de las jornadas 'Justicia e impunidad', al ser preguntado por la querella que anunció este miércoles el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra Garzón y las fiscales adscritas al caso por un delito de prevaricación y por otro de quebrantamiento del secreto de las comunicaciones con motivo de las escuchas que sufrieron varios de los abogados de los imputados en la trama, entre ellos los de los cabecillas Francisco Correa y Pablo Crespo.

"Dentro de las más estricta legalidad se tomaron una serie de iniciativas, y el control judicial fue acompañado del control de Ministerio Público, por tanto respeto las iniciativas que se puedan tomar, y cuando llegue el momento pienso quedarán las cosas perfectamente claras y diáfanas", ha manifestado.

Por otra parte, Baltasar Garzón sostuvo que no puede "entrar a debatir" la acusación del Gobierno valenciano de que se hayan eliminado pruebas que exculpan a Camps de los hechos que le relacionan con el 'caso Gürtel', ya que "forman parte de una investigación penal abierta". "Es el débito y la responsabilidad que tenemos los jueces, no podemos hablar de los casos que están en marcha, en cambio otros lo hacen y lo hacen en demasía, a veces, pero tenemos que asumir nuestra posición", ha señalado.

"Las cosas muy claritas"

El magistrado aseguró no tener "ni idea de que se haya interpuesto" una querella por parte del Gobierno valenciano ante la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra él y los fiscales que han intervenido en el caso, aunque comentó que "si se ha interpuesto, cualquier ciudadano puede interponer las acciones legales que considere, ya que para eso están los tribunales". No obstante, agregó que "siento muchísimo" no poder valorar la querella anunciada el pasado viernes por la portavoz del Consejo, Paula Sánchez de León, puesto que le "encantaría poder contestarla y dejar muy claritas las cosas".

Por otro lado, preguntado por la relación entre el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, y el presidente de la Generalidad manifestó que no puede "opinar sobre estas particularidades". "Ni lo voy a hacer", agregó. En cualquier caso, recalcó que "cada uno tiene su tanto de responsabilidad y sabe lo que hacer", a lo que añadió que "la ley es igual para todos". "Y cuando digo eso, lo digo convencido, porque estoy siendo objeto de investigación", insistió Garzón, quien hizo hincapié en que "ese principio de igualdad ante la ley es básico en una democracia".