L D (EFE) El juez Baltasar Garzón ha pedido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que investigue si los parlamentarios de Batasuna-ETA, Arnaldo Otegi, José Antonio Urrutikoetxea “Josu Ternera”, Jon Salaberria y José Federico Alvarez han incurrido en delito de integración en la banda asesina ETA a través de sus actividades en la formación ilegalizada.
El magistrado ha solicitado en el auto de procesamiento dictado este martes, que se investigue a 36 miembros de Batasuna-ETA por un delito de pertenencia a banda armada y en el que recuerda que el pasado mes de septiembre ya pidió al TSJPV que valorara si cabía proceder también contra el parlamentario batasuno, Joseba Permach.
El juez se dirige al TSJPV respecto a los parlamentarios abertzales dado que no puede actuar contra ellos por tratarse de aforados y aunque "Josu Ternera" perdió recientemente su condición de parlamentario, Garzón aún no ha recibido la notificación oficial al respecto del Parlamento vasco, según informaron fuentes jurídicas.
En esta misma resolución, Garzón ratifica las medidas de suspensión de actividades de HB-EH-Batasuna acordadas en agosto de 2002, así como de bloqueo de sus cuentas y embargo de todo su patrimonio y que se mantenga la administración judicial de las herriko tabernas con el objeto de que se cubran las responsabilidades civiles reclamadas a la formación, entre las que figuran los 24 millones de euros en que han sido valorados los daños causados por la violencia callejera.
Aunque el fiscal Juan Moral pidió al juez el procesamiento de 35 miembros de Batasuna, Garzón ha hecho variaciones sobre esa petición y ha decidido no procesar a Joseba Urquijo e incluir como procesados a Antton Morcillo Torres y Santiago Pío Quiroga, ex integrantes de la Mesa Nacional de HB-Batasuna al igual que otros 16 procesados como Juan Cruz Idigoras, Karmelo Landa o Floren Aoiz.
Los 36 procesados, uno de ellos preso en Francia, habrían incurrido en un delito de integración en organización terrorista, "liderada por ETA y de la que forma parte Herri Batasuna, no sólo como brazo político u organización del entorno de aquella, sino como una estructura más del complejo político-violento diseñado para conseguir, entre otras, una finalidad concreta (...) a través de la subversión y alteración de la paz pública, cual es, la autodeterminación de la denominada 'Euskal Herria'".
"La propia estructura de HB-EH-Batasuna se encuentra integrada en grupo terrorista dirigido por ETA, habiendo sido creada para complementar su acción terrorista y hacerla más eficaz", destaca el juez.
Para Garzón, los dirigentes de la formación abertzale, "integrantes de la Mesa Nacional, han formado también parte de otras estructuras clandestinas (desdoblamiento), han sido conscientes de esa subordinación (a ETA) y conjunción de medios y fines y han aceptado la distribución de papeles en el desarrollo de la violencia, aunque ahora pretendan adoptar posiciones meramente nacionalistas que buscan el final del conflicto".
La acción de ETA, según recoge el auto, se ha concretado entre 1977 y 2003 "en 8.339 acciones criminales contra la vida, la integridad física y el patrimonio", que hasta 2002 han dejado 838 víctimas mortales, 1410 heridos, 78 secuestros y han provocado que 1106 ciudadanos tengan que estar sometidos a protección en el País Vasco y Navarra.
El coste estimado de las acciones terroristas entre 1994 y 2003, según un informe pericial de 23 de noviembre de 2004 que también consta en el auto, es de más de 4.000 millones de euros, a lo que se añaden los más de 3.000 millones de euros que costó el cierre de la central nuclear de Lemoniz y los 90.000 millones de euros de disminución del PIB en el País Vasco.
Entre 1970 y 1993, las acciones terroristas causaron un coste de casi 6.000 millones de euros y en todo el año 2004 "superaron con creces los 600 millones de euros", concluye el informe.
El magistrado ha solicitado en el auto de procesamiento dictado este martes, que se investigue a 36 miembros de Batasuna-ETA por un delito de pertenencia a banda armada y en el que recuerda que el pasado mes de septiembre ya pidió al TSJPV que valorara si cabía proceder también contra el parlamentario batasuno, Joseba Permach.
El juez se dirige al TSJPV respecto a los parlamentarios abertzales dado que no puede actuar contra ellos por tratarse de aforados y aunque "Josu Ternera" perdió recientemente su condición de parlamentario, Garzón aún no ha recibido la notificación oficial al respecto del Parlamento vasco, según informaron fuentes jurídicas.
En esta misma resolución, Garzón ratifica las medidas de suspensión de actividades de HB-EH-Batasuna acordadas en agosto de 2002, así como de bloqueo de sus cuentas y embargo de todo su patrimonio y que se mantenga la administración judicial de las herriko tabernas con el objeto de que se cubran las responsabilidades civiles reclamadas a la formación, entre las que figuran los 24 millones de euros en que han sido valorados los daños causados por la violencia callejera.
Aunque el fiscal Juan Moral pidió al juez el procesamiento de 35 miembros de Batasuna, Garzón ha hecho variaciones sobre esa petición y ha decidido no procesar a Joseba Urquijo e incluir como procesados a Antton Morcillo Torres y Santiago Pío Quiroga, ex integrantes de la Mesa Nacional de HB-Batasuna al igual que otros 16 procesados como Juan Cruz Idigoras, Karmelo Landa o Floren Aoiz.
Los 36 procesados, uno de ellos preso en Francia, habrían incurrido en un delito de integración en organización terrorista, "liderada por ETA y de la que forma parte Herri Batasuna, no sólo como brazo político u organización del entorno de aquella, sino como una estructura más del complejo político-violento diseñado para conseguir, entre otras, una finalidad concreta (...) a través de la subversión y alteración de la paz pública, cual es, la autodeterminación de la denominada 'Euskal Herria'".
"La propia estructura de HB-EH-Batasuna se encuentra integrada en grupo terrorista dirigido por ETA, habiendo sido creada para complementar su acción terrorista y hacerla más eficaz", destaca el juez.
Para Garzón, los dirigentes de la formación abertzale, "integrantes de la Mesa Nacional, han formado también parte de otras estructuras clandestinas (desdoblamiento), han sido conscientes de esa subordinación (a ETA) y conjunción de medios y fines y han aceptado la distribución de papeles en el desarrollo de la violencia, aunque ahora pretendan adoptar posiciones meramente nacionalistas que buscan el final del conflicto".
La acción de ETA, según recoge el auto, se ha concretado entre 1977 y 2003 "en 8.339 acciones criminales contra la vida, la integridad física y el patrimonio", que hasta 2002 han dejado 838 víctimas mortales, 1410 heridos, 78 secuestros y han provocado que 1106 ciudadanos tengan que estar sometidos a protección en el País Vasco y Navarra.
El coste estimado de las acciones terroristas entre 1994 y 2003, según un informe pericial de 23 de noviembre de 2004 que también consta en el auto, es de más de 4.000 millones de euros, a lo que se añaden los más de 3.000 millones de euros que costó el cierre de la central nuclear de Lemoniz y los 90.000 millones de euros de disminución del PIB en el País Vasco.
Entre 1970 y 1993, las acciones terroristas causaron un coste de casi 6.000 millones de euros y en todo el año 2004 "superaron con creces los 600 millones de euros", concluye el informe.