El juez Baltasar Garzón ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que pide el archivo de la causa que investiga su actuación en el caso de las desapariciones de la Guerra Civil y se queja del retraso "injustificado" en la instrucción, que considera "propia de un proceso inquisitorial".

El escrito, presentado por su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, cuestiona la justificación de algunas de las diligencias acordadas que "han retrasado más" el procedimiento y cuyo resultado práctico ha sido que las asociaciones querellantes, Manos Limpias y Libertad e Identidad, las que vuelve a descalificar hablando de su "inocultado sesgo ultraderechista",  han obtenido los datos de centenares de víctimas del franquismo.

Como consecuencia de una de esas diligencias, señala el letrado, estas asociaciones "han conseguido las piezas de documentos y correspondencia que constan en la causa y en las que figuran los datos personales -nombre, apellidos y dirección- de las víctimas que comparecieron ante Garzón.  "Sinceramente, para argumentar sobre la existencia de una prevaricación, no se nos ocurre qué les aportará a estas asociaciones identitarias el hecho de conocer estos datos privados", alega el escrito con fecha del 17 de diciembre.

El letrado no entiende, por ejemplo, que se incorpore a la causa contra Garzón una denuncia "sobre supuesta culpabilidad del Gobierno anterior de España" en el 11-M, presentada en 2006 en la Audiencia Nacional, por el hecho de que el denunciante presentó después otra querella por los crímenes del franquismo. "No cabe una muestra más diáfana de una instrucción que se inclina por la pura prospección, en una variante propia de un proceso inquisitorial en la que sorprende sobremanera, no tanto que los querellantes actúen en semejante iniciativa -dado su perfil particular- sino que el instructor la secunde de forma tan acrítica", añade.

Según la defensa de Garzón, las diligencias acordadas, entre ellas la solicitud de la normas de reparto de la Audiencia Nacional, insinuando que Garzón "hubiera maniobrado para quedarse indebidamente con el asunto", se alejan cada vez más del objeto imputado. A su juicio, el" retardo injustificado" que está sufriendo la causa se debe en parte a las iniciativas "más que estrafalarias" de la parte querellante dentro de su estrategia procesal, "que no va más allá que convertir esta acción popular en el azote público de Baltasar Garzón".

Ante estos argumentos de Garzón, Manos Limpias ha emitido este martes una nota de prensa en la que niega que hayan recibido una lista completa de víctimas del franquismo, asegura que en ningún momento la han solicitado y acusan al magistrado de querer hacerse la víctima "para exonerarse de su responsabilidad".

Delito de prevaricación

Según esta asociación, el magistrado y su letrado están "utilizando torticeramente la causa, amedrentando al juez instructor Luciano Varela y lanzando acusaciones falsas, tendenciosas y sectarias con el objetivo de deslegitimar" el proceso.

Manos Limpias y Libertad e Identidad consideran que Garzón cometió un delito de prevaricación al declararse competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo sabiendo que no lo era.

El escrito presentado por la defensa del magistrado ante la Sala Segunda del Supremo insiste en solicitar el archivo de la causa por no existir delito alguno y critica algunas de las decisiones del instructor. Además, olvida que el propio Garzón ha tenido retrasos mucho mayores en algunos sumarios de su juzgado, en este sentido destaca el del caso del "Chivatazo a ETA", en el que no se practicaron diligencias significativas durante unos tres años.

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado este martes volver a investigar los cobros que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibió durante su estancia en EE.UU en los años 2005 y 2006.