Baltasar Garzón ha salido al paso de la información publicada por un medio digital en la que se señala que en el informe encargado por el Tribunal Supremo sobre sus cuentas y patrimonio aparece que su esposa, Rosario Molina, habría realizado un ingreso de 317.130 euros en una cuenta corriente a su nombre a principios de abril de 2005, un mes después de que el juez llegara a Nueva York con el permiso de estudios que le concedió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), puntualizando que su mujer no es la titular, sino firma autorizada de dicho depósito.
En un comunicado remitido este jueves, Garzón señala que el informe policial a que se hace referencia refleja "la regularidad del origen de tales cantidades, su inversión y la tributación correspondiente," lo que se omite en la información periodística, relativa a una cuenta en la entidad Caja de Madrid.
Añade Garzón que la cantidad aludida procede de una actividad económica declarada fiscalmente en la página 3 de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2005", que está incorporada a las actuaciones, y de la cual ha dispuesto la Brigada de Delincuencia Económica de la Guardia Civil. "En ella resulta identificada sin ningún género de dudas la legitimidad del ingreso y su procedencia", subraya el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
El pasado mes de septiembre, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ordenó a la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil que realizara un informe acerca del "origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por Garzón entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006", que fue el periodo durante el cual el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 organizó diversos cursos en el centro académico neoyorquino.
Esta petición se enmarca en la instrucción que el magistrado Marchena realiza a raíz de la querella presentada por los abogados murcianos José Luis Mazón y Antonio Panea contra Garzón por presuntos delitos de cohecho y prevaricación que podría haber cometido en relación con la dirección de los citados cursos.
En su comunicado, el magistrado suspendido de la Audiencia Nacional insiste en que los más de 300.000 euros del ingreso señalado corresponden a una actividad económica que "carece por completo de relación" con el BANCO DE SANTANDER, TELEFÓNICA, CEPSA, BBVA, ENDESA (patrocinadoras de los cursos) o la Universidad de Nueva York y se produce con anterioridad a su estancia en la Universidad norteamericana.
En relación con esta información, fuentes cercanas al caso manifestaron a Europa Press que resultaba "llamativo" que la investigación realizada por la Benemérita no hubiera encontrado rastro alguno de los pagos que, según declaró el propio juez de la Audiencia Nacional al Supremo, le hizo la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006 por organizar unos cursos sobre terrorismo.
El juez puntualiza, sin embargo, que el pasado 10 de noviembre su defensa aportó al magistrado Marchena el contrato de fecha 17 de marzo de 2005 de apertura de la cuenta corriente en CITIBANK N.A. en la se recibieron todos los ingresos percibidos en Estados Unidos por sus actividades profesionales procedentes de entidades americanas durante su estancia en Nueva York.
Dicho contrato refleja "sin ninguna interpretación alternativa", según Garzón, que exclusivamente se abrió una cuenta corriente de depósito con una numeración específica, otorgándose a la cuenta de cheques vinculada, abierta en el mismo contrato, una numeración paralela.
"No se trata pues de dos cuentas corrientes sino de una misma, concertada en un solo contrato y con dos productos bancarios: cuenta de depósitos (donde se reciben los ingresos) y numeración independiente de la chequera -agrega el comunicado. De dicha circunstancia tienen cumplida información no sólo el Instructor sino todas las partes personadas como consecuencia de la información y documentación facilitada por mí al instructor".
Garzón, que actualmente cubre un puesto de asesor en la Fiscalía del Tribunal de la Haya, señala que a pesar del tiempo transcurrido desde la incorporación del informe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, el pasado 22 de diciembre, "parece ser que ni el instructor de la causa, ni los responsables de la filtración del informe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Guardia Civil al medio de comunicación, han apreciado, a la vista de los documentos obrantes en autos, irregularidad alguna en la procedencia de tales fondos, pues de otra forma como persona investigada habría sido llamada a declarar sobre ello, como también lo habrían sido los funcionarios firmantes del informe".