LD (Ángela Martialay) Baltasar Garzón versus Ruiz Polanco. Dos magistrados de la Audiencia Nacional que por un mismo error han recibido un "castigo" dispar. Según publica este lunes el diario El Mundo, el juez responsable del expediente abierto a Baltasar Garzón por la excarcelación de dos narcotraficantes turcos, José Luis López Muñiz, ha propuesto una multa de 100 euros por su actuación en este asunto.
Dicho magistrado ha sancionado de forma leve al juez a instancias del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado 18 de diciembre remitió esta propuesta a la Audiencia Nacional. Al haber calificado el órgano de gobierno de los jueces el “error de carpetilla” de Garzón como una falta leve, la competencia para decidir al respecto no le correspondía al Consejo sino a la propia Audiencia.
El servicio de inspección del Poder Judicial explicó que la propuesta de sanción leve al juez Baltasar Garzón se debía a "la ausencia de intencionalidad en la conducta" por parte del instructor y "el que no haya existido perjuicio alguno". Dicho perjuicio ya existe. Uno de los dos narcotraficantes turco excarcelados por Garzón, Shanin Eren, aprovechó su libertad provisional para escapar. Ahora se encuentra en busca y captura.
Mismo fallo: falta leve o falta muy grave
Lo más llamativo del asunto es que la falta de Garzón consistió en un retraso a la hora de solicitar la prórroga de la prisión preventiva de los delincuentes. El mismo fallo que apartó a su colega el magistrado Guillermo Ruiz de Polanco de la Judicatura. A pesar de las advertencias de la Fiscalía, que le recordó a Garzón que se acercaba la fecha límite para pedir la prórroga de dos narcos turcos detenidos en la operación Vitoria, el juez pidió esa prórroga fuera del plazo legal.
El titular del Número 5 de la Audiencia Nacional solicitó la continuidad en prisión de los narcotraficantes turcos dos días después de que acabase el plazo legal. Su petición no pudo hacerse antes porque el juez acababa de llegar de Colombia –donde participó en un seminario cuyo título fue "Sin rastro"– y su agenda incluía un encuentro hispano-francés.
La falta leve interpuesta al juez estrella choca con la que recibió el juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, quien vio como por un caso similar se le apartó de la Carrera Judicial. El día 8 de septiembre de 2004, el CGPJ sancionó a Ruiz Polanco con un año de suspensión de funciones por falta muy grave de desatención y retrasos injustificados en sus competencias, que originaron la excarcelación del proetarra Ibai Ayensa.
Así, en el expediente abierto al magistrado se relataba que los proetarras Ibai y Miguel Javier Ayensa, Francisco Ruiz y Arturo Fernández debían haber comparecido en el Juzgado el 19 de febrero de ese año para que se decidiera sobre la prórroga de su prisión preventiva, pero que la diligencia se suspendió hasta el 23 de ese mes porque el juez estaba de viaje.
El retraso de cuatro días motivó que se obligara a computar la prisión preventiva desde la fecha de la detención y no desde la de ingreso en prisión por lo que se tuvo que decretar la puesta en libertad de los cuatro imputados, de los cuales tan sólo Ibai Ayensa quedó materialmente en libertad, ya que los demás permanecieron en prisión por otras causas seguidas contra ellos.
Sanciones dispares
A la hora de sancionar a Ruiz Polanco, el CGPJ señaló que un juez debe "personalmente" comprobar las fechas que debe cumplir. Eso pese a que dos de los tres etarras a los que dictó libertad quedaron encarcelados por tener otros procesos abiertos y el tercero fue detenido posteriormente.
Además, el Tribunal Supremo rechazó el recurso del magistrado ya que el juez debe cumplir con el "importantísimo deber" del control de la prisión cautelar ya que "hay funciones que por su trascendencia requieren por parte del juez un permanente, directo y riguroso control y, paralelamente, no toleran ni delegación ni confianza". Y aclara: "Entre estas funciones figura la vigilancia del curso de las medidas cautelares de privación de libertad que hayan sido acordadas". En el caso de Garzón, el juez no tuvo mala intención.
En resumen, a un juez un error en la prórroga de prisión cautelar de un delincuente le puede costar 100 euros de multa o el estar apartado de sus funciones durante un año. Al parecer, todo depende de quién sea el juez.