Gobierno y Fiscalía tratan de convertir los nuevos documentos del 11-M en una prueba contra el PP

L D (Agencias) El arranque de los trabajos de la comisión sobre el 11-M viene ya precedida de nuevos escándalos. Los documentos llegados al Congreso –fuera de plazo– están repletos de contradicciones y matizaciones que, según el PSOE, demuestran que hubo imprevisión y que ETA no tiene contacto alguno con terroristas islámicos.

 

La primera contradicción se da entre los informes dela Guardia Civil y la carta remitida por Cándido Conde Pumpido a Gaspar Llamazares. El fiscal general dijo que si no se investigó a la célula de Avilés –origen de los explosivos del 11-M– es porque la Policía no lo pidió formalmente. Explicaba Conde Pumpido que los datos aportados por la Guardia Civil eran “genéricos e inconcretos” y no permitían dictar órdenes de registro o intervenciones telefónicas. La Benemérita dice que se pidieron instrucciones y que como por la vía del tráfico de explosivos no obtenían resultados probaron la del narcotráfico. Este miércoles, durante un curso sobre siniestralidad laboral celebrado en Olite, Conde Pumpido ha dicho que “todos” los datos que hasta ahora se conocen no aportan "ningún tipo de vinculación" entre el terrorismo islámico y ETA.

 

 

Pero las contradicciones entre los informes de la Guardia Civil, la Fiscalía y la Policía, no parecen plantear un problema al ministro del Interior, José Antonio Alonso. Pese a ser una de las claves de la comisión y la razón por la que el PP solicitó los documentos, Alonso entiende que deberá ser el juez Juan del Olmo, instructor del sumario del 11-M, el que extraiga conclusiones.

 

Dice el ministro que la investigación del 11-M "está judicializada y en un Estado de derecho es el juez de instrucción competente el dueño exclusivo y excluyente de la investigación criminal. Por lo tanto –concluye Alonso–, habrá que esperar por respeto institucional y por deber constitucional a que el juez establezca sus conclusiones de los hechos y, a la vista de las conclusiones, vamos a ver qué se hace y qué no se hace”.

 

 

Y desde el PSOE, el encargado de interpretar los nuevos documentos –algunos de ellos fechados hace tan sólo una semana– es el portavoz parlamentario Alfredo Pérez Rubalcaba. Dice que los informes recibidos son los que pidió el PP y que no benefician el PSOE.

 

Su opinión es que los nuevos documentos "vienen a abundar en la tesis que venimos manteniendo desde el PSOE: que hubo imprevisión". Eso sí, según Rubalcaba, eso no significa "imputar responsabilidades políticas" ni "mirar hacia atrás", sino "conocer los fallos para que no vuelva a pasar".

Preguntado por la posible conexión entre ETA y terroristas islamistas Rubalcaba dijo que la nueva documentación recibida, así como las declaraciones de los mandos policiales en el seno de la propia comisión, ponen de manifiesto que no hay prueba de dicho supuesto. "Esto carece de sentido; hemos oído de todo y por entregas", señaló Rubalcaba antes de calificar las teorías que defiende el PP de "conspiración universal donde debe haber de cinco a diez mil personas conspirando", desde los mandos policiales españoles hasta los servicios secretos marroquíes.

 

El PP trasladó sus quejas por los documentos que faltan entre los enviados por el Gobierno a la comisión del 11-M y por la negativa a aportar algunos datos que habían sido requeridos, y aseguró que la "precipitación" del PSOE al sacar conclusiones de ellos obedece a que pretende "tapar algo".

El portavoz del PP en la comisión parlamentaria, Vicente Martínez Pujalte, tildó de "desfachatez política" la actitud del portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que reprochó que saque ya conclusiones cuando la comisión sólo ha recibido "un 10 por ciento" de los documentos solicitados al Gobierno y todavía faltan comparecencias, entre ellas la del ex presidente José María Aznar.

Respecto al contenido de los documentos remitidos a la comisión, se preguntó por qué el Gobierno rechaza remitir los historiales delictivos de los implicados en los atentados del 11-M o niega algunos informes bajo el argumento de que están sometido a secreto sumarial o son informaciones de carácter reservado. A pesar de ello, el comisionado sí apuntó que de lo estudiado se desprende que "cada vez está más claro" que ETA y los terroristas acusados de los atentados "tenían vínculos, por lo menos en la provisión de la dinamita" utilizada para fabricar las bombas.

Tras señalar que ahora "tenemos indicios" aunque las conclusiones no se podrán extraer hasta el final, remarcó la necesidad de seguir indagando en la "autoría intelectual" de los atentados y la posibilidad de que alguien los ordenara desde "fuera de España".