L D (Agencias) En la actualidad, la Audiencia Nacional tramita trece causas abiertas bajo el principio de la jurisdicción universal, que van desde la investigación de delitos de genocidio en Guatemala o el Tíbet a supuestos crímenes de guerra en Gaza, a las torturas en Guantánamo o, más recientemente, los actos de piratería en las costas de Somalia.

La resolución –que fue presentada por el PP y enmendada por el PSOE tras un pacto entre estos dos partidos– recibió 339 votos a favor, ocho en contra y una abstención y aboga por promover con urgencia la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a fin de "limitar y clarificar" el alcance del principio de jurisdicción universal penal.

En su escrito inicial el PP defendía la reforma la LOPJ para que la Justicia española sea competente "para conocer hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional si se tipifican como genocidio, terrorismo, piratería, prostitución, tráfico ilegal de drogas, inmigración clandestina o mutilación genital".

La enmienda del PSOE suprimió estas concreciones, si bien insta igualmente a cambiar el artículo 23 de la LOPJ y plantea una redacción prácticamente idéntica a la de los populares en el resto de los términos.

Así, se limitará y clarificará el principio de jurisdicción universal penal de acuerdo con el principio de subsidiariedad y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, lo que implica que "deberá quedar acreditado" que los presuntos responsables del delito se encuentran en España y que entre las víctimas hay personas de nacionalidad española.

También son requisitos que en el país donde se hayan cometido los hechos, o en un tribunal internacional, no se haya iniciado una investigación y una persecución efectiva de los delitos. Y si el país en cuestión o un tribunal internacional comienza otro proceso sobre los mismos hechos denunciados, la jurisdicción española deberá archivar provisionalmente la causa que haya abierto.

La resolución aprobada insta asimismo al Ejecutivo a que, antes de finalizar el presente mes de mayo, logre un acuerdo con los jueces sobre algunas de sus demandas, aunque no menciona el control de los señalamientos, que hasta ahora ha sido el principal obstáculo en las negociaciones con Justicia.

Así, la iniciativa plantea la necesidad de lograr un acuerdo con las asociaciones judiciales sobre la conciliación de la vida profesional y familiar, la equiparación del régimen de vacaciones de los magistrados al del resto de los funcionarios, el sistema de ascensos y traslados y la adscripción de jueces territoriales.

Estos son precisamente los cuatro puntos en los que el Gobierno y las asociaciones judiciales han logrado ya cierto acercamiento. Sin embargo, la resolución no incluye entre las prioridades de ese acuerdo el control de la agenda de señalamientos, que hasta el momento es el mayor escollo en las negociaciones con las asociaciones de jueces, que siguen reclamando la competencia para fijar la fecha de los juicios y vistas, que la reforma procesal aprobada por el Ejecutivo atribuye a los secretarios judiciales. La próxima reunión, y en principio la última convocada, entre representantes de Justicia y de las asociaciones judiciales tendrá lugar el próximo jueves.