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Grande Marlaska consigue suspender la asamblea de los proetarras ante la pasividad de Zapatero y Conde Pumpido

En un auto impecable, el juez Fernando Grande Marlaska ha conseguido, al menos sobre papel, prever todas las posibilidades de que Batasuna celebre su asamblea y dar las instrucciones para impedirlo. Ante la pasividad del Gobierno y el Fiscal General del Estado el juez reactivó la suspensión de actividad de los proetarras. Explica el auto que quien ayude a los proetarras incurrirá en delito de colaboración con banda armada. El BEC de Baracaldo, escenario elegido para la asamblea recibirá la notificación. Además, otros dos asuntos pendientes con la Justicia podrían llevar a Arnaldo Otegi de nuevo a la cárcel.

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Arnaldo Otegi, en Anoeta. EFE
L D (Agencias) El juez advierte de que su celebración podría ser constitutiva de los delitos de colaboración con la organización terrorista ETA, omisión del deber de impedir delitos o desobediencia.
 
El magistrado hace suyos los argumentos del juez Baltasar Garzón, cuando el 26 de agosto de 2002 decretó la suspensión de actividades por tres años, y recuerda que "desde su constitución, HB-EH-Batasuna es una estructura controlada por los responsables de ETA, primero a través de KAS" y luego de Ekin, cuando esta organización asumió la labor de coordinación de los diferentes grupos integrados en el complejo terrorista.
 
Impedir la asamblea se celebre donde se celebre
 
En el auto notificado este martes por la tarde a las partes personadas en la causa contra Batasuna, el juez acuerda ocho medidas para garantizar la suspensión de actividades de Batasuna por dos años, "aún cuando carezca de personalidad jurídica" o adopte otro nombre. Dentro de estas actividades se cita expresamente la asamblea nacional del sábado en Baracaldo "e independientemente de donde pueda celebrarse". Además, precisa que aunque la resolución es recurrible, su impugnación no paraliza la suspensión de actividades.
 
En cuanto a este acto, el magistrado pide al Servicio de Información de la Guardia Civil y la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía, en lo relativo a Navarra, y a la Consejería vasca de Interior que informen "a la mayor brevedad posible, sobre si el mismo ha sido celebrado o no, lugar, razones por las que no se ha impedido caso de materializarse, y cuya localización definitiva debemos entender factible al existir la previsión de asistencia de un determinado número de personas".
 
Evitarlo depende del Gobierno vasco
 
El juez precisa que el evitar el congreso depende de la Consejería vasca de Interior y de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Navarra, aunque el seguimiento de la hipotética celebración corresponderá a los Cuerpos de Seguridad. "La investigación deviene relavante -precisa el auto- toda vez que cualquier actuación tendente a auxiliar su celebración pudiera ser constitutiva de un delito de colaboración con organización terrorista, bien de un delito de omisión del deber de impedir delitos, bien de desobediencia". Además, la resolución ordena que se informe a los representantes legales del Bilbao Exhibition Center (BEC) de lo acordado para que se "se abstengan de ponerlo a disposición de los convocantes", ya que HB-EH-Batasuna necesitará personas interpuestas, puesto que carece de personalidad jurídica.
 
El juez suspende a Batasuna y sus "sucedáneos" de su capacidad de participar como partido u otro tipo de organización; de la capacidad de convocar manifestaciones, concentraciones o actos públicos; y de la capacidad para efectuar actividades propagandísticas relativas al partido ilegalizado por Supremo. Además, clausura por dos años la sedes de HB-EH-Batasuna en San Sebastián, Bilbao y Pamplona, y requiere a la Consejería de Interior del Gobierno vasco para que dé "las órdenes oportunas a la Ertzaintza para que garantice la integridad de la medida". En el caso de la sede de Navarra, el magistrado da la misma orden a la dirección de la Guardia Civil.
 
Grande Marlaska también solicita a las Fuerzas de Seguridad que identifiquen las sedes o "cualesquiera otros inmuebles o sitios de los que se aproveche directa o indirectamente, la formación cuya actividad se suspende cautelarmente", para que sean precintados . También se cancelan las páginas web y todos los servicios que la formación pueda ofrecer por Internet. Además, se comunicará a los diferentes medios de comunicación de la suspensión de actividades de Batasuna, por lo que no podrá utilizar espacios publicitarios. En este sentido, el juez pide que a las Fuerzas de Seguridad información mensual del cumplimiento de la suspensión de actividades.
 
El juez señala que tras la sentencia de ilegalización del Supremo, Batasuna "ha tratado de presentar, en fraude de ley, distintas agrupaciones electorales, siempre con el fin de vencer el denominado 'ciclo de ilegalización'". En él se enmarca que desde el 24 de septiembre de 2005, "en un primer momento sin publicidad manifiesta, ha venido desarrollando el proceso 'Bide Eginez' (Haciendo camino), y el cual culminará en el Congreso Orgánico de 21 de enero de 2006, que suspuestamente se celebrará en el BEC de Barakaldo, en cuyo desarrollo está prevista la elección de la nueva Mesa Nacional, de conformidad con los estatutos de la ilegalizada HB-EH-Batasuna".
 
Respeto de derechos
 
Tras explicar la competencia del Juzgado Central de Instrucción número 5 para actuar contra Batasuna, el auto afirma que la proporcionalidad de la suspensión, "incluso queda corroborada, en lo que pudiera calificarse como una inacción previa de este Juzgado, y que no era otra cosa que el entendimiento del derecho de libertad de expresión, reunión y asociación en términos extensos, siempre con la finalidad de ser respetuosos con un contenido constitucional indiscutible por su significación conceptual". Así el juez explica por qué no actuó cuando Batasuna convocaba ruedas de prensa con "la utilización 'nostálgica' del logotipo" del partido ilegalizado y sí lo hace ahora, porque "cuestión distinta sería admitir un acto esencial en todo partido legal o ilegal, como es la celebración de un congreso", como el del sábado. En opinión del juez, es un congreso "de Batasuna como frente político institucional de ETA, que no de una renovada organización".
 
Por eso en el proceso "Bide Eginez", según la Policía y la Guardia Civil, no se ha renunciado a "la tutela y dirección de la rama militar de la organización terrorista, sino más bien todo lo contrario", porque "se ha dado voz a presos y ex presos de ETA", y se han utilizado los anagramas de las organizaciones del entramado ya ilegalizadas, como el de la organización juvenil Segi y el de la propia ETA.    

Pasividad del Gobierno y el Fiscal General

El juez ha tomado esta decisión tras reunirse esta mañana con los abogados de la AVT, de Batasuna y la organización Dignidad y Justicia. La suspensión de actividades de ETA-Batasuna, ordenada por el juez Baltasar Garzón en 2002, expiró este verano y no fue renovada al considerarlo innecesario tras haber sido ilegalizada por el Tribunal Supremo en 2003. Sin embargo, ante la pasividad del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido para impedir la celebración de la asamblea del próximo sábado, el juez decidió reactivar la orden de Garzón. Conde Pumpido dijo este lunes que tenía "dudas" sobre la actualización de este decreto pero aseguró que no se opondría a ello.

El Gobierno expresó su respeto por la decisión del juez y se limitaron a subrayar a Efe que, ante esa decisión, el Ejecutivo acatará la misma "como no podía ser de otra forma". La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, dijo que el Ejecutivo Ibarretxe "ha cumplido y cumplirá siempre la Ley, aunque no nos guste", e "independientemente de lo que digan los jueces, cuyas resoluciones a este respecto parecen en demasiadas ocasiones, tomadas más por impulsos políticos que por razones jurídicas".

El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, lamentó "el papel completamente deslucido, a regañadientes, de la Fiscalía, del propio Gobierno, de instituciones que tenían la responsabilidad de haber tomado la iniciativa en este tema, que no han querido hacerlo y que han hecho un papel vergonzante, dando la impresión de que la actuación de grupos ilegales depende de criterios de oportunidad política y no de legalidad". Por ello, consideró que debe "asegurarse" la ejecución de la resolución judicial, adoptándose todas las medidas necesarias para que no se celebre ese acto. "Hay que asegurarse de que se cumpla en su plenitud esta decisión, de que no haya ni Congreso ni sucedáneo de Congreso", dijo.

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