En un nuevo episodio del caso Faisán en el Congreso y en plena ofensiva del Partido Popular, Pérez Rubalcaba ha optado por la descalificación como principal defensa de su gestión en el escándalo del chivatazo a ETA.
El popular Gil Lázaro preguntó a Rubalcaba sobre el papel del secretario de Estado de Seguridad y el por qué no se mencionara su teléfono en las investigaciones iniciales. El diputado del PP dijo al titular de Interior que su responsabilidad política no está determinada por el hecho de que declare un testigo u otro sino por "el escándalo de que su director general de la Policía esté imputado".
"Lo que usted llama incidente el juez lo llama delación", sentenció Gil Lázaro, que igualmente indicó que Rubalcaba debe pedir perdón por protagonizar la "mayor bajeza de Interior" desde los GAL.
Por ello, el popular siguió su ataque indicando que el caso "huele a cloaca de Estado" y que el chivatazo "pende" sobre la cabeza de Rubalcaba ya que "es el precio que pagaron en el sucio proceso de paz".
Por su parte, el ministro del Interior se mostró muy entusiasta por la decisión del juez Ruz de no llamar a declarar a Antonio Camacho pese a que su teléfono fue uno de los que se utilizó en el caso. "Les exijo que algunos de ustedes pidan disculpas en esta Cámara", espetó Rubacalaba.
Además, optó por las descalificaciones para atacar Ignacio Gil Lázaro, su azote durante los últimos meses por el chivatazo. "Va contra mí hacer preguntas patéticas para esta noche lucirse por las cadenas de extrema derecha", llegó a decir el vicepresidente primero del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Tras decir esto en la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso, añadió que aunque no le guste al PP "estamos en el principio del fin de ETA, mejor que la semana pasada, y la semana que viene será aún mejor". La misma frase, cambiando año por semana, que dijo Zapatero aquel fatídico día 30 de diciembre de 2006. Dijo: "Hoy estamos mejor que hace un año, dentro de un año estaremos mejor que hoy". Al día siguiente ETA voló la T-4 y mató a dos ciudadanos ecuatorianos en el aparcamiento de la terminal.
Jáuregui cree que Rubalcaba acabará con ETA
Otra de las tres preguntas que ha realizado el PP ha ido dirigida al ministro de Presidencia, Ramón Jaúregui. El popular Ignacio Cosidó recordó al político vasco que ya dijo que su candidato es Rubalcaba y de ahí su defensa cerrada del ministro del Interior. Además, le instó a que reconociese que el soplo a la banda terrorista tuvo un marcado carácter político ya que "sólo se entiende con una orden política".
Mientras tanto, Jáuregui se defendió asegurando que "no hay ningún dato ni resolución judicial" que vincule a ningún miembro del Ministerio del Interior esté vinculado al caso. En su opinión, lo único que hay es "una campaña obsesiva y sectaria" contra la Policía y contra Rubalcaba. Incluso indicó que no es admisible que el PP haga oposición con la política antiterrorista sobre todo "cuando Interior nos ha colocado en el momento más cercano de la paz que hemos tenido".
Caamaño justifica el cambio de Camacho
El popular Jorge Fernández Díaz preguntó al ministro de Justicia sobre el cambio administrativo de Antonio Camacho, titular de uno de los teléfonos investigados por el juez Ruz en el caso Faisán. La mano derecha de Rubalcaba pasó de ser fiscal en excedencia voluntaria a tener "servicios especiales con carácter retroactivo".
El ministro de Justicia justificó el cambio, en su contestación, con las nuevas disposiciones legales creadas por el Gobierno y acusó a Fernández Díaz y al PP de "anteponer la insidia y el falseamiento" pese al "auto del juez" donde se daba marcha atrás a la comparecencia de Camacho.
Fernández Díaz retomó la palabra, recordando la trayectoria de Camacho en el ministerio de Interior. Accedió al cargo de "Secretario de Seguridad en 2004" y sólo ahora, "después de siete años", cuando su nombre ha sonado en el caso Faisán, "sorprendentemente solicita el pase a una nueva situación de servicios especiales". Una "concesión irregular" que podría significar que "se le está facilitando la salida para servicios futuros". "Con cosas como ésta usted no puede evitar que le caigan encima las plumas del Faisán", le advirtió Fernández Díaz.
Caamaño señaló entonces la que, según él, es la "adulteración de la realidad para justificar una pregunta injustificable". Y trató de despejar las sospechas del cambio de Camacho mediante esa "nueva regulación legal" que establece la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que permite a los miembros de la carrera judicial que se encontrasen en situación de excedencia acceder a nuevos puestos. "Así de claro y sencillo, sólo una visión ruín y una falsa moral les puede mover a usar el cambio de una situación administrativa para sacar rédito político", concluyó.