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La estrategia de que sean los ciudadanos los que interpongan los recursos se basa en informes jurídicos que establecen que la legitimidad para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no reside en las instituciones vascas porque forman parte del Estado demandado, sino en las personas afectadas por la decisión del Constitucional, ha explicado Ibarretxe.
Las demandas, ha indicado Ibarretxe, podrían presentarse individualmente o agrupadas, por lo que ha pedido a los partidos políticos que "gestionen y canalicen" el proceso para llevar a España ante el Tribunal de Estrasburgo por una presunta vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Según ha indicado, la imposibilidad de celebrar la consulta vulnería los artículos 9, 10, 11 y 14 del citado convenio, que son los que se refieren "a la libertad de pensamiento, expresión, asociación y a su relación con la participación política que afecta a los partidos políticos". "Al no permitirme dar mi propia valoración en torno a decirle a ETA que la violencia se ha acabado para siempre y exigir a los partidos políticos que se sienten en una mesa para alcanzar unos acuerdos políticos, entiendo que están violando mis derechos fundamentales, y por tanto recurriré individualmente el próximo 16 de septiembre", ha sostenido Ibarretxe.
El mandatario vasco ha matizado que el hecho de que sean los ciudadanos los que presenten las demandas no significa dejar al margen a las instituciones vascas, ya que el propio Gobierno Vasco "promueve y secunda" la iniciativa de plantear las denuncias.
Se ha mostrado pesimista sobre el pronunciamiento del TC, ya que ha apreciado "un síntoma de parcialidad que se observa como consecuencia de la presión política", después de que el Alto Tribunal no aceptara la personación de los partidos políticos en este procedimiento. "Es una iniciativa de calado democrático, de profundidad política, socialmente pacífica, es la única forma en la que se pueden hacer hoy los planteamientos y las reivindicaciones", ha añadido.
Ibarretxe ha abundado en que en este país mucha gente dirá "no" a que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no les deje emitir su opinión, lo que "vulnera derechos fundamentales" y constituye a su juicio "un atropello democrático".
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