L D (Luis del Pino) La campaña es consecuencia de la aprobación, en noviembre de 2007, de la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones (Ley 25/2007 de 18 de octubre), que establece que los operadores de servicios de telefonía móvil prepago deberán llevar un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes. Los datos pueden ser requeridos por orden de un juez, con la finalidad de detectar, investigar y enjuiciar delitos graves.

En estos momentos, se calcula que hay más de 15 millones de propietarios de tarjetas prepago que aún no se han identificado.

Si nos tomamos a broma la medida, podríamos decir que es una auténtica pena que esa Ley no estuviera en vigor en el momento de producirse el atentado del 11-M. Nos habríamos ahorrado multitud de episodios esperpénticos, como la atribución sucesiva de un mismo número a diversos sospechosos por parte de la Policía. O como la atribución a uno de los presuntos suicidas de Leganés de un número telefónico que continuaba operando un mes después de producirse la explosión del piso. La sentencia tuvo que corregirse... y en la corrección se coló otro esperpento.

O la existencia de centenares de teléfonos no identificados dentro de la causa. O, por hablar de una noticia más reciente, el escamoteo de los números telefónicos presuntamente utilizados por El Tunecino.

Pero, por otro lado, resulta preocupante el panorama que se nos avecina. Es cierto que las redes criminales organizadas, incluyendo las de terrorismo, aprovechan el carácter anónimo de los móviles de prepago para sus actividades delictivas, eludiendo así el rastreo de las identidades por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero este tipo de leyes a lo que conducen al final es a que los únicos que estemos identificados seamos los no criminales, porque nada impedirá a las redes delictivas utilizar teléfonos robados (ya existe un floreciente tráfico de ellos), emplear tarjetas telefónicas clonadas o falsificadas (y cuyo usuario teórico es, por tanto, otra persona) o usar la tradicional cabina telefónica para hablar con sus compinches.

Se trata, por tanto, de una medida que recorta las libertades significativamente, sin que por otro lado se vea cómo va a contribuir de manera perceptible a impedir las actividades delictivas. A partir de ahora, se podrá saber en todo momento a quién, cuándo y cuánto llamamos todos los ciudadanos normales, mientras que los criminales se las arreglarán para saltarse los controles, de la misma forma que hacen, por ejemplo, con la falsificación de documentos de identidad o permisos de conducir.

Medidas teóricamente destinadas a protegernos se acaban convirtiendo en un medio para aumentar el grado de control de los ciudadanos. Con el agravante de que en España, a diferencia de lo que sucede en otros países, no se ha producido ningún debate social sobre las consecuencias que para las libertades tienen medidas como éstas que el gobierno está impulsando.

Los españoles, como siempre, tan celosos de nuestras libertades.