(Libertad Digital) El 21 de noviembre de 2002, el juez Baltasar Garzón dictó un auto en el que imputaba un delito de integración en banda armada a 20 miembros dirigentes del entramado HB-EH-Batasuna. Imputa el mismo delito a los etarras Eloy Uriarte Díaz Guereño, alias “Señor Robles” y a Mikel Albizu, “Mikel Antza”, entonces en paradero desconocido.
A Mikel Antza se le acusa de ser el jefe del “aparato político” de ETA y de ser el responsable de la logística de la banda terrorista, de las finanzas y de los pistoleros. El caso es que Albizu primero deberá ser juzgado en Francia por “asociación con malhechores” (lo que en España se denomina colaboración con banda armada), tenencia ilícita de armas y depuesto de armas y municiones.
No obstante, la Audiencia Nacional podrá enviar una comisión rogatoria para tomar declaración al etarra. En caso de que Antza escapara y fuera detenido posteriormente en otro país que no fuera Francia, la petición de la Audiencia Nacional tendría prioridad.
Antza no podría ser juzgado en España por el mismo delito. Sin embargo, no se descarta que gracias a la documentación incautada la Audiencia Nacional le pueda imputar otros delitos al jefe de ETA, tal y como sucedió con el etarra “Txelis” Santa Cristina tras su detención en Bidart en 1992. En este caso, se procedería a una "entrega temporal" del etarra para que fuera juzgado en nuestro país. Eso sí, antes de cumplir la pena en España Antza tendría que regresar al país vecino para pasar los quince años que se estima le condenen las autoridades galas.