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INFORME: El Estatut, visto desde las otras comunidades

Cataluña será nación en el preámbulo y gozará de inversiones garantizadas en los próximos años. Estas son algunas de los puntos que recoge el acuerdo sobre el Estatuto catalán de este fin de semana, ventajas criticadas por muchos presidentes regionales y partidos, valoradas por otros y exigidas por algunos para sus propios territorios, en pro de la igualdad que proclama el PSOE. Entre estos últimos se sitúa el BNG, para Galicia, el PA para Andalucía y el gobierno balear. La queja más repetida es que el sistema de financiación autonómico se pacte ahora entre el Gobierno y partidos minoritarios sin contar con las demás comunidades.

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L D (Agencias) Dos han sido las comunidades gobernadas por socialistas que ya se han apuntado a las ventajas económicas de las que gozará Cataluña si se aprueba el texto pactado. En Galicia, el vicepresidente de la Xunta y portavoz del BNG, Anxo Quintana, ha exigido el reconocimiento nacional de su región, una relación bilateral con el Estado, autonomía fiscal, suficiencia financiera y un plan de pago de la "deuda histórica" en la próxima reforma del Estatuto gallego.
 
Desde el PP, Alberto Núñez Feijoo ha afirmado que "Galicia no renunciará a nada en materia del autogobierno que se incluya en el Estatut" ni tampoco a denunciar cualquier acuerdo que suponga una disminución de la financiación de Galicia a medio o largo plazo". El presidente gallego, el socialista Emilio Pérez Touriño, dijo también que las reivindicaciones de Cataluña lo son "también desde Galicia". Y celebró que el compromiso de este fin de semana sea "una apuesta a favor de más autogobierno de las comunidades autónomas".
 
En Andalucía, Julián Álvarez, secretario general del Partido Andalucista (PA), también ha exigido a Chaves que pida para su región un tratamiento idéntico al que recibirá Cataluña. Álvarez denunció que la comunidad "podría perder entre 1.500 y 2.000 millones de euros en concepto de inversiones" en virtud del pacto. Por ello, exigió trabajar por un estatuto andaluz "donde se establezca un sistema financiero propio, porque el acordado nos puede perjudicar notablemente si no reaccionamos". Álvarez anunció además que su partido pedirá también el estatus de "nación" para Andalucía. Su presidente, Manuel Chaves, manifestó sin embargo tras conocer el acuerdo que no habrá "agravios" sino "solidaridad" entre regiones.
 
Optimistas han sido también las valoraciones de otros presidentes autonómicos socialistas que, aunque no han llegado a exigir lo mismo para sus territorios, sí coinciden en no ver inconvenientes en alabar una reforma de la financiación al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es el caso de Marcelino Iglesias, el dirigente de Aragón, que destacó que el acuerdo confirma "la profundización en el autogobierno del país". Alabó también que el nuevo sistema "es generalizador" al resto de regiones, "tal y como se había exigido desde Aragón". Rodríguez Ibarra, el presidente de Extremadura, también calificó de "buena noticia" el acuerdo, pese a que su región sería una de las más perjudicadas.
 
El último presidente socialista en ensalzar el acuerdo ha sido José María Barreda, de Castilla-La Mancha, que se mostró satisfecho ante el resultado del pacto y aprovechó para destacar que el acuerdo "es extrapolable al conjunto de las comunidades autónomas españoles". La región afrontará en breve la reforma de su Estatuto, y Barreda quiso hacer un llamamiento a la unidad para que allí se alcancen idénticas cotas a las que accederá Cataluña.
 
La postura de los presidentes del PP es radicalmente distinta. Todos ellos destacan, ante todo, que supone una reforma de la financiación autonómica hecha "de espaldas" y sin contar con el resto de autonomías. Así, Fernando de la Cierva, portavoz del Gobierno de Murcia, recalcó que con su aprobación "habrá españoles de primera y de segunda". En términos similares se pronunció otro portavoz, esta vez del Ejecutivo de la Comunidad Valenciana, al calificar de "lesivo, dañino y ruin" el efecto de la financiación catalana respecto a la economía valenciana.
 
Al hilo de estas críticas, Baleares ya ha exigido idénticos privilegios a los que se reconocerán a Cataluña. "Nos sentimos con el mismo derecho que Cataluña si surge un sistema de financiación que se salga del establecido hasta ahora", afirmó el portavoz del Ejecutivo balear, Joan Flaquer. Flaquer destacó que el acuerdo "rompe" el modelo de negociación multilateral de la financiación de las Comunidades Autónomas, lo cual supone también una ruptura del "equilibrio" entre regiones. "El Gobierno de las Islas Baleares no podrá tolerar que haya ciudadanos de primera y de segunda categoría", por lo que tratará de obtener condiciones de autogobierno y financiación similares, confirmó el portavoz.
 
Madrid, también gobernada por el PP, sería una de las grandes beneficiadas por un sistema de financiación equivalente al catalán, tal y como recordó el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Rafael Simancas. El socialista calificó el acuerdo como "una buena noticia para España, para Cataluña y también para la Comunidad de Madrid", que, según destacó, "nos vendrá bien sin lugar a dudas", antes de recordar que la región "era una de las comunidades más perjudicadas por el vigente sistema".

Mientras, la consejera de Hacienda de Castilla y León, la popular Pilar del Olmo, señaló que "últimamente este Gobierno lo hace todo por la noche", en referencia al pacto alcanzado con Mas y también a la salida de los documentos del Archivo de Salamanca. Del Olmo reiteró la queja de muchos de sus compañeros en otras autonomías, que el Gobierno haya pactado el modelo de financiación de todo el país "con un partido minoritario en España" en lugar de con el resto de autonomías.

Por último, desde el País Vasco, que también afrontará en poco tiempo la reforma de su propio estatuto después del rechazo el pasado año del "Plan Ibarretxe", el portavoz del PNV, Íñigo Urkullu, tuvo elogios para el acuerdo de este fin de semana. Urkullu calificó de "positivo" que se abra "camino a la esperanza para no caer en la uniformidad artificial de un Estado autonómico, en que debe haber respeto a la plurinacional" antes de defender que la anterior propuesta vasca regrese a las Cortes para una renegociación.

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