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Es el Tribunal Supremo, tras la presentación de los recursos, el que deberá decidir si ratifica la condena dictada en mayo pasado contra el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información por la detención ilegal de dos afiliados del Partido Popular. No había prueba alguna contra ellos y aun así se les acusó de la agresión fantasma al entonces ministro de Defensa José Bono. Otros dos inspectores, Javier Fernández y José Luis González, fueron también condenados a cinco años de cárcel por los mismos hechos: detención ilegal de dos militantes del PP, falsedad documental y coacciones. Los tres, tras la sentencia, fueron apartados de los puestos operativos de la Policía.
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