La magistrada María Gregoria Díaz Bordallo, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Jaén, investiga desde hace meses a Juan Lanzas por supuestos delitos societarios denunciados por la cooperativa San Francisco de Albanchez de Mágina, que presidió durante varios años. Fuentes del mundo judicial consultadas han indicado al diario Ideal que se intenta esclarecer si Lanzas hizo obras y mejoras en su casa y le pasó la factura a la cooperativa, entre otros extremos. El agujero detectado por actuales rectores ronda los 17.000 euros. El País ya indicó este conflicto pero sin detallarlo hace unos días.
Al parecer, en los registros de la cooperativa está la adquisición de un atomizador para curar olivas que nadie de la empresa ha visto jamás. También consta la adquisición de un vino ecológico que nadie ha catado. Y la factura de unos carpinteros por la colocación de estanterías y librerías que no están en la cooperativa, sino presuntamente en casa del ex presidente Lanzas. También constan facturas por «mármoles», aseguran las fuentes consultadas, que no están presentes en las instalaciones de la cooperativa.
Juan Lanzas dejó la presidencia de la cooperativa hace tres años. Fueron unas elecciones polémicas que Lanzas perdió por quince votos y que impugnó. Las elecciones se celebraron porque un juez ordenó hacerlas. En la cooperativa, se constató el hecho de que Lanzas y su directiva llevaban ya ocho o diez años de mandato, y no convocaban elecciones. Las condiciones las marcó un juez. La gente estaba muy descontenta. No daban ninguna explicación de nada, el aceite se vendía más caro que en la otra cooperativa del pueblo pero se liquidaba a los socios a menos. Hubo que celebrar otra votación, que ganó la actual directiva de nuevo, ahora ya por más de noventa votos.
Al poco tiempo, la nueva directiva encontró facturas que le resultaron sospechosas: la del atomizador, la de los vinos ecológicos, la de los carpinteros... Se expulsó de la cooperativa a varios miembros de la anterior junta rectora. A Lanzas le requirieron en varias ocasiones para que diese explicaciones de las facturas dudosas. Al final lo expulsaron, aunque la decisión está recurrida. Y se puso una querella vía penal contra Juan Lanzas.
Durante sus primeros años de presidente de la cooperativa San Francisco, Lanzas ejerció además como sindicalista en la federación de alimentación de UGT. Negoció el ERE de Coosur, en el que conoció a Antonio Garrido Santoyo, beneficiado luego por la prejubilación en Marcasevilla que fue motivo de un sonoro escándalo y del primero de sus problemas judiciales de Sevilla, pues Santoyo, ex trabajador de Coosur y ex dirigente del PSOE de Baeza está imputado poer la jueza de Sevilla por estar prejubilado por Mercasevilla sin haber trabajado nunca allí.
Lanzas negoció también en ERE de lo que se conoce como Cárnicas Molina, de donde salió su amistad con Luis García de los Reyes, dimitido de la UGT tras ser detenida su mujer, ex dirigente del PSOE de Torredonjimeno y trabajadora de UGT, por supuestamente estar prejubilada fraudulentamente.
En el entorno de Lanzas proliferaron las prejubilaciones. La suya, que también está siendo investigada. Y la de su esposa. Y la de una cuñada. Otro cuñado, Ismael Sierra Gómez cobró 168.000 euros por dos informes sobre ERE en Mercasevilla (uno en 2003 a nombre de una empresa que no estaba siquiera constituida).