LD (Ángela Martialay) Tanto Ministerio de Justicia como Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se mostraron “convencidos” de que la huelga de jueces no se iba a producir. Pero, dice el refrán que “el que avisa no es traidor” y los jueces llevan anunciando esta medida desde hace más tres meses. La situación decimonónica de la Administración de Justicia y la falta de iniciativa por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para dar respuesta a los déficits con los que se trabaja en los juzgados españoles han ayudado a que la Carrera Judicial esté en pie de guerra.
Este miércoles jueces de toda España protagonizarán una huelga histórica en nuestro país. Está previsto que unos 1.700 miembros de la Judicatura (de los 4.400 jueces que hay en activo en estos momentos) secunden esta medida. De las cuatro asociaciones judiciales, dos de ellas, Francisco de Vitoria (la segunda en número de socios) y Foro Judicial Independiente (la minoritaria), irán al paro. Las otras dos, Asociación Profesional de la Magistratura (la mayoritaria) y Jueces para la Democracia, han anunciado protestas en los juzgados. Por otro lado, los jueces de capitales tan importantes como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia recurrirán a la huelga.
¿Tienen los jueces derecho a huelga?
La medida es polémica ya que el derecho a huelga de los jueces no está regulado en nuestro sistema legislativo. En España no existe legislación sobre el derecho de huelga más allá del Real Decreto preconstitucional que reguló esta materia en 1977 y la Constitución Española (CE), de 1978, que en su artículo 28.2 se limita a reconocer el "derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses".
Nada dice tampoco sobre una "huelga de jueces" la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de 1985, que sí reconoce este derecho al resto del personal de la Administración de Justicia. A pesar de ello, muchos miembros de la Carrera Judicial insisten en que lo “no está prohibido en la Ley, está permitido”, porque donde el Derecho calla, otorga.
¿Por qué protestan los jueces?
Los jueces españoles se encuentran desbordados cada año por los millones de asuntos que entran en los tribunales: en concreto 8.908.495 en 2008, año en el que los órganos jurisdiccionales resolvieron 8.570.089 y dictaron 1.487.012 sentencias, según las cifras facilitadas a Efe por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El resultado es que, al inicio de cada año, la cuenta no está a cero: a 31 de diciembre de 2008 en los tribunales había 2,5 millones de asuntos en trámite, a los que irán sumando los que entren en 2009.
Los jueces denuncian que una amplia mayoría de la Judicatura trabaja muy por encima de sus posibilidades, ya que deben atender a un número muy superior de asuntos al previsto en los módulos de trabajo establecidos por el CGPJ para cada oficina judicial. Este colapso de la Administración se traduce en que en ocasiones los ciudadanos deben esperar meses e incluso años para que la Justicia resuelva sus problemas.
El caso “Tirado”, desencadenante de las protestas
Por otro lado, hay que reconocer que, si bien en caso Tirado no es el único motivo de esta huelga, ha sido la gota que ha colmado el vaso. La cadena de errores judiciales que acabó en la muerta de niña Mari Luz tuvo más de un culpable desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, los jueces sintieron que las críticas a la actuación del Rafael Tirado, responsable último, pero no único, de que el presunto asesino de la pequeña de Huelva se encontrase en libertad, fueron "excesivas".
Tirado se convirtió para sus compañeros en un “chivo expiatorio” del Gobierno, que pidió de forma expresa que se le agravase la multa de 1.500 euros que a priori le impuso el CGPJ, cuyos vocales fueron elegidos por PP y PSOE, y que más tarde ratificaría. La decisión fue vista como una respuesta "corporativista" y la independencia del poder judicial quedó en entredicho. La multa a Tirado supuso un escándalo en la sociedad.
Sin embargo, ésta no ha sido la única vez que la indepencia del tercer poder del Estado ha sido cuestionada por los ciudadanos. El 41,3 por ciento de los encuestados en el barómetro del CIS del pasado mes de diciembre opina que “por lo general, los jueces no se preocupan de que sus sentencias sean adecuadamente ejecutadas” y que “en España no se exige responsabilidades a aquellos jueces que no cumplen con sus obligaciones”.
Las reivindicaciones de la Judicatura
Un mayor número de jueces, un reparto de la carga de trabajo más razonable, la supresión del traslado forzoso por ascenso, la revisión de la planta judicial y el control de los señalamientos de los juicios son algunas de las reivindicaciones que han llevado a la huelga a la Magistratura.
El Gobierno asegura que la mayoría de ellas son asumibles y que muchas están ya en trámite parlamentario, aunque lo cierto es que el encuentro mantenido entre Bermejo y los portavoces judiciales sirvió para poco.
Los jueces reclaman la urgente instauración de la oficina judicial, que les liberará de muchas funciones para que se dediquen a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero exigen mantener la facultad de señalar los juicios y vistas, que el Gobierno ha atribuido a los secretarios judiciales. Este proyecto data de 2003.
Por otro lado, las asociaciones judiciales reclaman la conexión informática entre Juzgados de distintas Comunidades Autónomas que actualmente son "incompatibles", y un sistema de alerta que les permita, por ejemplo, saber al momento si un imputado tiene causas pendientes en otros juzgados.
Un huelga “no reconocida”
En esta tesitura, ni el Ministerio de Justicia ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han evitado hacerse cargo del establecimiento de unos servicios mínimos que reduzcan los efectos negativos del “parón”.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo ha señalado en varias ocaciones que quien tiene que dar respuesta a la convocatoria de la huelga de jueces es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En cambio, el órgano de gobierno de los jueces acordó por unanimidad no reconocer el derecho a la huelga de los jueces. Según ha señalado su portavoz, Gabriela Bravo, la convocatoria no tiene efectos jurídicos (por lo que no se da por enterado).
Mientras tanto, las asociaciones convocantes de la huelga, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, han acordado el establecimiento de unos servicios mínimos "responsables", especialmente para las situaciones en las que puedan "estar en juego" los derechos fundamentales.
En concreto, entre las actuaciones que no sufrirán retraso por la huelga está el registro civil de matrimonios y, en materia penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales como entradas y registros o intervenciones telefónicas. En el plano contencioso administrativo, también quedarán excluidos de la huelga el tratamiento de los recursos contencioso electorales de las Comunidades Autónomas en las que hay convocatorias electorales, Galicia y País Vasco, y las cuestiones que afecten a las juntas electorales.
Los ciudadanos, los últimos afectados
El resto de procedimientos judiciales quedarán afectados y muchos ciudadanos verán cómo sus trámites judiciales se retrasan aún más. No obstante, es necesario esperar a que la huelga acontezca para valorar sus consecuencias.
El presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE), José Ángel Oliván, ha denunciado este martes la situación de inseguridad en la que se van a encontrar mañana los ciudadanos cuando acudan a los tribunales ante la convocatoria de una huelga de jueces. "Los usuarios de la Justicia nos encontramos ante una situación de absoluta inseguridad, ya que no sabemos qué va a pasar mañana porque va a depender de la voluntad de cada juez", ha asegurado Oliván, que se ha negado a pronunciarse sobre si los magistrados tienen o no derecho a hacer huelga.