L D (Europa Press) El titular de Justicia calificó de "elemental" que las distintas candidaturas que se presentan en las elecciones vascas deban condenar la violencia de ETA, por ser "una organización terrorista que mata, extorsiona y atenta contra la libertad y el derecho a la vida".
Recordó que, de acuerdo con la Ley de Partidos, "un partido político para poder participar en un proceso electoral, debe cumplir unas reglas del juego, y si no las acata es perfectamente válido que los tribunales de Justicia competentes le impidan participar en el proceso electoral", como ocurrió con la ilegalización de Batasuna-ETA.
Añadió que la Ley de Partidos también ofrece mecanismos para evitar el fraude de Ley o la continuidad de la actividad de una organización declarada ilegal, "y esto permite a quienes pueden ejercer acciones ante los tribunales impedir que Batasuna, bajo ese nombre o ningún otro, pueda evitar de forma fraudulenta que se le aplique la Ley".
En este punto, explicó que "los dos sujetos que pueden interponer acciones son el fiscal general y el abogado del Estado". Sobre el fiscal general del Estado, dijo que "disfruta de un ámbito de autonomía y no recibe órdenes del Gobierno", y que por su parte, ya ha anunciado su intención de impugnar ante el Supremo "cualquier candidatura que intente defraudar la sentencia que declaró ilegal a Batasuna". López Aguilar añadió que "el abogado del Estado sí recibe órdenes del Gobierno", y que ya se le han dado instrucciones "para asegurar que la Ley se cumple, porque la primera obligación del Gobierno es guardar y hacer guardar la Constitución y el ordenamiento jurídico, y asegurar así la seguridad de todos".
Pumpido quiere que sea el Supremo el que resuelva
Mientras, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha ordenado a los fiscales vascos que, en caso de que Batasuna-ETA o agrupaciones "derivadas de organizaciones ilegalizadas" planteen impugnaciones o recursos en relación a las elecciones vascas del próximo 17 de abril, soliciten que sean resueltas por el Tribunal Supremo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. La intención del Ministerio Público es que los recursos que puedan interponerse sobre las candidaturas de Batasuna o aquellas que puedan suponer su "continuación" no sean resueltas por juzgados de lo Contencioso-Administrativo del País Vasco, sino por la Sala Especial del Supremo, que fue quien ilegalizó a la formación abertzale en marzo de 2003.
De esta forma, sería el alto Tribunal quien, "en ejecución" de la sentencia por la que declaró ilegal a Batasuna-HB-EH, decidiría si esas listas son "una sucesión" de estos partidos y, de considerarlo así, decidiría anularlas. Por su parte, la Fiscalía General del Estado podrá impugnar ante el Tribunal Supremo las listas que considere "sospechosas" de ser "fraudulentas" entre los días 23 y 24.
Las listas de partidos, coaliciones o agrupaciones de electores que, en principio, cumplan los requisitos formales se publicarán este miércoles en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), aunque no serán proclamadas hasta el 21 de este mes. Los órganos electorales provinciales, probablemente, permitirán que las listas de Aukera Guztiak se proclamen, a no ser que incurran en errores importantes de forma, porque carecen de los medios necesarios para comprobar si están "contaminadas". La pasada semana, la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma Vasca admitió la representación legal de Aukera Guztiak, que es un requisito indispensable para poder concurrir a las elecciones. La publicación definitiva de las listas en el BOPV será el día 22, por lo que las impugnaciones se podrán presentar entre los días 23 y 24 ante los Juzgados de lo Contencioso o, en el caso de la Fiscalía General del Estado, ante el Tribunal Supremo si recurre la candidatura de Aukera Guztiak por considerar que detrás puede estar Batasuna.
Las impugnaciones deberán resolverse durante el 25 y 26, mientras que entre el 27 y 28 se podrá recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. El alto Tribunal deberá resolver en un plazo máximo de tres días, por lo que el último día para hacer pública su decisión sería el 31 de marzo, día anterior al comienzo de la campaña electoral.