En una entrevista concedida a Europa Press, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró sentir "inquietud" por el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no haya dictado una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña tres años después de que el PP presentara su recurso de inconstitucionalidad, aunque afirmó que "hay otras muchas leyes que están pendientes de resolución desde hace seis y siete años".
Para el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García el retraso del Tribunal Constitucional en esta cuestión "se ha convertido en algo verdaderamente insoportable". Según García, "el término más adecuado" para describirlo "es inaceptable" y recordó que se trata "de la sentencia que todo el mundo está esperando" ya que aborda "una cuestión de tantísima trascendencia".
García incidió además en que el comportamiento de los magistrados de este tribunal en esta cuestión ha sido "manifiestamente ineficiente, eso es un clamor que está en boca de todo el mundo". Además, manifestó su "temor" por que "en el trasfondo de este retraso las motivaciones políticas estén jugando un destacado papel y se estén anteponiendo a razones de naturaleza jurídica y constitucionales que son las que deben prevalecer".
"Que la sentencia más importante que el Tribunal Constitucional ha tenido que poner en toda su Historia esté tardando lo que está tardando es inaceptable desde todos los puntos de vista", añadió García en declaraciones a Europa Press, al tiempo que advirtió de que "este tribunal, que es el encargado de salvaguardar los principios y valores constitucionales está vulnerando gravemente uno de esos valores que es el de funcionamiento eficiente y el de tramitación de un proceso sin dilaciones indebidas".
Para la APM, "ha transcurrido tiempo de sobra para que esa sentencia sea conocida por todo el mundo" y "lo peor es que no se ha dado ninguna explicación que justifique el por qué aun no se ha hecho pública". En ese sentido, recordó a la presidenta del TC, María Emilia Casas, "que está desaparecida desde hace mucho", que, entre sus obligaciones, está la de dar una explicación de por qué aun no se ha publicado la sentencia y que diga cuándo se va a hacer pública".
Por su parte, desde la asociación Francisco de Vitoria (FdV), su portavoz, Marcelino Sexmero, también coincidió con la inquietud manifestada por el ministro Caamaño y explicó que, "tres años después, no hay causa que motive que esté tardando tanto en decidir sobre esta cuestión". "No me atrevo a decir que son razones políticas, sino una falta de acuerdo", valoró Sexmero, quien recordó que el "Constitucional siempre intenta fallar por unanimidad".
Preguntado acerca de la posibilidad de que el TC estuviese infringiendo algún derecho fundamental el portavoz de FdV admitió que "sorprende que un tribunal que muchas en amparo denuncie retrasos indebidos en algún proceso ahora lleve tanto tiempo para fallar una sentencia". "El Tribunal Constitucional tiene que ser, sino muy rápido, no excesivamente lento, sobre todo cuando se trata de cuestiones de trascendencia y lo que inquieta es que aun no se conozca la sentencia después de tanto tiempo", zanjó.