L D (Agencias) En declaraciones a Europa Press, el portavoz de este colectivo, Jorge Cabré, pidió a los magistrados que "no saquen las cosas de órbita", y explicó que la orden de Conde-Pumpido se refiere exclusivamente a "casos puntuales y concretos en los que el fiscal pueda pedir diligencias en el curso de una instrucción". "No puede ser que la Junta de Jueces de la Audiencia Nacional considere la nulidad de las pruebas que presenten los fiscales haciendo uso de esta instrucción", señaló antes de destacar que la legislación ampara que el fiscal "impulse y agilice" los procedimientos judiciales y que la orden garantiza que todas las diligencias solicitadas por el Ministerio Público se incorporen a la causa, "sea cual sea su resultado".
El portavoz de la Asociación de Fiscales, de orientación conservadora, también reclamó "valentía política" a los partidos para que abran un debate sobre el "modelo de instrucción" y la posibilidad de que los fiscales vayan asumiendo progresivamente la tarea de dirigir las investigaciones en detrimento de los jueces. No obstante, señaló que este cambio sólo se podría plantear si se garantizara que el nombramiento del fiscal general del Estado se realiza "de forma independiente" al Gobierno de turno. "El problema no es la jerarquía fiscal, sino que la cúspide de esa jerarquía sea verdaderamente independiente", apuntó.
Por su parte, la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Gabriela Bravo, afirmó hoy que la instrucción de Conde-Pumpido "no aporta ninguna novedad", ya que se corresponde con una circular que se redactó en 1989. "Respetamos la disconformidad de este grupo de jueces pero consideramos también que no hay ningún tipo de absorción de unas competencias que no nos correspondan", destaco Bravo en unas declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.
La UPF insistió en que esta medida está amparada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. "Desde el año 89 existe una instrucción que establece que el Ministerio Fiscal pueda intervenir en la fase judicial e incluso recurrir a la Policía Judicial para recoger pruebas y datos", argumentó Bravo. De igual modo, puso de relieve que la instrucción "no quiebra el principio de contradicción" ni provoca "una desigualdad de equilibrio entre las partes, sobre todo si se tiene en cuenta que el Ministerio Fiscal no es una parte cualquiera".