El titular del juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia, Ismael Moreno, quien se encuentra de guardia esta semana, ha prohibido este jueves la manifestación convocada por la plataforma Adierazi Euskal Herria (Anunciar Euskal Herria) para el próximo sábado en Bilbao, tal y como ayer solicitó el Ministerio Fiscal.
Además, el magistrado, en un auto hecho público hoy, pide a la Policía y a la Guardia Civil así como al Gobierno vasco que "en el ámbito de las competencias que tienen atribuidas legalmente adopte las medidas necesarias para impedir la celebración del acto referido, eviten la comisión de hechos delictivos y procedan a instruir las diligencias necesarias en relación con quienes participen en la ejecución de los mismos".
Según el escrito remitido por el fiscal al juez este miércoles, dicha plataforma, creada en enero de 2010, está formada por procesados y acusados de colaboración o integración en banda terrorista. Es el caso de los batasunos Tasio Erquicia, Carmelo Landa, Lander Echevarria o de la alcaldesa de Hernani (ANV), Maite Beitialarrangoitia o el alcalde de Elorrio (ANV), Nicolás Moreno, entre otros. Además, el Ministerio Público sostuvo que "no es más que una sucesión de Batasuna y que sigue las directrices de la organización terrorista ETA".
Por su parte, y según los informes solicitados a Comisaría General de la Información, a la Ertzaintza y a la Guardia Civil, la plataforma Adierazi Euskal Herria fue creada en enero de 2010 tras las "sucesivas desarticulaciones de los órganos y formaciones que pretendían aglutinar las líneas de actuación del frente político-institucional" de la banda. Una estrategia identificada en documentos relacionados con ETA y Batasuna como "muro popular contra la represión" y diseñada por la banda terrorista para "acumular fuerzas partidarias del independentismo/soberanismo".
Estos datos son considerados por el juez Ismael Moreno como "fundados indicios" de que se podría cometer un delito enaltecimiento del terrorismo en caso de que la manifestación se celebrase. Por esta razón, el instructor de la Audiencia Nacional prohíbe el acto y ordena a las Fuerzas de Seguridad del Estado que impidan que éste se lleve a cabo.