El juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha reabierto la causa del asesinato de Ángel Facal Soto, perpetrado por ETA el 26 de febrero de 1985 en Pasajes (Guipúzcoa) -archivada desde 1992- con objeto de impulsar la solicitud a las autoridades de Venezuela de una nueva petición de extradición del etarra Arturo Cubillas Fontán.
Cubillas, fue procesado por este asesinato junto a los etarras José Ángel Aguirre, Ramón Zapirain e Idoia López de Riaño. La causa fue archivada de forma provisional en 1992 después de que el Ministerio Público informara entonces de la inexistencia de motivos suficientes para reclamar a Cubillas.
Todos etarras de su grupo han sido juzgados desde entonces por este asesinato. Tanto Aguirre como Zapirain fueron acusados de robar el vehículo que se utilizó en el atentado y condenados a penas de cuatro años de prisión.
La causa permaneció paralizada hasta la detención en Francia de López de Riaño en 2001. 'La Tigresa' también fue juzgada como autora material del asesinato y condenada a 27 años de cárcel. Cubillas no pudo ser sometido a la acción de la justicia por encontrarse en situación de rebeldía.
El juez Ruz asegura ahora que "pueden existir nuevos elementos para interesar la extradición" por este delito y pide a la Fiscalía que informe si procede proponer al Gobierno español que solicite la entrega por esta causa o si considera que el asesinato ya ha prescrito.
De hecho la Fiscalía se encontraba en fase de investigar la situación de esta causa con la intención de comprobar su prescripción y de instar, en caso de que permaneciera abierta, la entrega de Cubillas para que sea juzgado por este asesinato, atribuido al grupo Oker.
Según fuentes fiscales, al tratarse de un atentado cometido en 1985, los hechos deberían ser investigados y juzgados aplicando el Código Penal de 1973, que establece un plazo de prescripción de 20 años desde que el juez ordena un acto judicial o diligencia que permita su interrupción.
Esta petición se produciría después de que el juez Eloy Velasco, que investiga las relaciones entre ETA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Venezuela, haya sugerido al Gobierno la retirada de la nacionalidad venezolana de Cubillas con objeto de reclamar su extradición en esta ocasión para investigarle por los delitos de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y conspiración para cometer homicidios terroristas.
Cubillas Fontán, principal imputado en la causa instruida por el juez Velasco, tenía pendientes otras dos causas en la Audiencia Nacional aunque ambas han sido declaradas prescritas de forma oficial, según fuentes fiscales. Se trataría de otros dos asesinatos atribuidos al grupo Oker: el del ciudadano francés Joseph Couchot, cometido el 16 de noviembre de 1984 en Irún (Guipúzcoa), y el del policía nacional Máximo García Kleinte, ocurrido en San Sebastián el 15 de mayo de 1985.
Junto a Cubillas Fontán, que en la actualidad es jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela (INTI), se integraban en el grupo los etarras Idoia López Riaño, 'La Tigresa', y José Ángel Aguirre Aguirre. El grupo se constituyó en 1984 como "legal" de ETA y estuvo activo durante año y medio hasta que la Policía capturó en octubre de 1985 a José Ángel Aguirre, poco después de perpetrar un atraco a una entidad bancaria.