Diez meses ha tardado la Justicia francesa en responder a las peticiones de la Audiencia Nacional sobre el soplo a ETA conocido como caso Faisán. No ha sido hasta este pasado lunes cuando el juez Pablo Ruz –sustituto de Garzón- ha recibido la documentación remitida por la magistrada antiterrorista francesa Laurence Le Vert sobre el chivatazo a la banda criminal que se produjo en el bar de Joseba Elosúa, en Irún el 4 de mayo de 2006. De esta forma, la investigación -que se encontraba prácticamente paralizaba- recibe un nuevo impulso.

Los informes, que llegaron el lunes al Juzgado Central de Instrucción número 5 en respuesta a la comisión rogatoria que Garzón cursó en febrero pasado y Ruz reiteróen junio, constan de 645 folios repartidos en un total de 10 carpetas que serán traducidos "a la mayor brevedad posible" por el servicio de intérpretes de la Audiencia Nacional. 

En la primera comisión rogatoria cursada el 17 de febrero, el magistrado suspendido de sus funciones preguntó a las autoridades francesas por las razones que motivaron que el 4 de mayo de 2006, día en que se produjo el chivatazo, se suspendiera la actuación policial prevista contra el aparato de extorsión de ETA.

Igualmente, la Justicia española quería saber "si se realizó en su momento investigación o análisis de las llamadas" que podrían haber hecho tanto Elosúa como el presunto etarra José Antonio Cau Aldanur, en caso de que sus teléfonos estuvieran intervenidos, así como desde la cabina de teléfono situada junto al bar 'Faisán', que habría sido utilizada por el primero.

El tráfico de las llamadas, un dato clave

Tanto Garzón como Ruz reclamaron al país galo copia de las transcripciones y observaciones telefónicas que se habrían realizado a Cau Aldanur en esta investigación, en caso de que se hubieran elaborado, y de todas aquellas actuaciones practicadas por Francia en relación con este procedimiento.

Además, la Sala de lo Penal ordenó al juez estrella que pidiera al Cuerpo Nacional de Policía que le informara sobre si la cabina telefónica situada junto al 'Faisán' estaba intervenida judicialmente y si constaba alguna llamada realizada por Elosúa y dirigida a Cau Aldanur, al que se considera el enlace de la banda para el cobro de la extorsión.

En la declaración ante el juez que tuvo lugar el pasado 17 de febrero, el jefe del equipo que dirigió la investigación sobre el supuesto chivatazo, Carlos G., apuntó al ex director general de Policía Víctor García Hidalgo y a los otros dos mandos policiales que están imputados como responsables de la filtración.

Carlos G., autor principal del informe que incrimina a García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco y a un inspector de la Brigada de Información de Álava, declaró durante casi dos horas ante Garzón después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le ordenara "agotar la investigación".

El fiscal pide archivar el caso

El agente, que mantiene su condición de testigo en este procedimiento, se ratificó en el informe incriminatorio que realizó tras llevar a cabo la investigación interna sobre el origen del chivatazo, tal y como hizo en su primera declaración ante el juez.

El fiscal del caso, Carlos Bautista, solicitó el 5 de octubre de 2009 el sobreseimiento provisional de la causa, al considerar que no se ha podido acreditar la identidad del autor de la filtración.

Según el informe de Carlos G., la delación se habría producido después de que García Hidalgo ordenara que la información sobre la operación llegara al propietario del bar 'Faisán' de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que el jefe superior realizó al inspector de Álava, que habría entregado a éste su teléfono móvil.