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La AVT se querella contra la Fiscalía por la maniobra que evitó el juicio a Otegi

La maniobra de la Fiscalía de retirar la acusación de enaltecimiento del terrorismo contra Arnaldo Otegi, y que forzó la decisión del Tribunal de la Audiencia Nacional de absolverle pese a que había pruebas suficientes para su condena, no quedará sin respuesta. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el fiscal general, Cándido Conde Pumpido, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal Fernando Burgos por omisión de persecución del delito y "resolución arbitraria".
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Cándido Conde Pumpido, Fiscal General
(Libertad Digital) El presidente de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional fue el encargado de informar a Arnaldo Otegi de que quedaba inmediatamente en libertad, tras quedar absuelto del delito de enaltecimiento del terrorismo, delito que le había llevado ante el juez. A la Audiencia Nacional no le quedaba más remedio que absolverle, después de que el fiscal del caso, Fernando Burgos, retirara los cargos contra el batasuno.
 
Según el fiscal las declaraciones de Otegi no fueron más que "manifestaciones de las propias convicciones del acusado, un análisis de la realidad político-social a su modo y a su gusto". En la sentencia, sin embargo, el Tribunal declaraba que existía "prueba de cargo directa y suficiente" contra él y que sólo la retirada de la acusación impidió la condena.
 
Omisión de persecución del delito
 
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha reaccionado a la actuación de la fiscalía interponiendo ante el Tribunal Supremo una querella contra el Fiscal General, Cándido Conde Pumpido, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y Fernando Burgos por los delitos previstos en los artículos 404 y 408 del Código Penal. El primero contempla a “la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables” y el segundo a “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”.
 
"Estrategia" para evitar el juicio
 
La AVT describe en su querella, dirigida a la Sala Segunda del Alto Tribunal, la sucesión de hechos que han resultado en la absolución de Otegi. La AVT destaca la "actitud conjunta, tanto del fiscal como de la defensa del procesado" que a juicio de la AVT, “revelan el posicionamiento y la existencia de una estrategia de la que son actores principales los querellados, para evitar que se celebrara el juicio”. 
 
De hecho la sentencia toma nota de que a las diez y media del miércoles 21 no comparecen en la sala, como estaba previsto, "ni el Ministerio Fiscal, ni la letrada Jone Goirizelaia en nombre del acusado Arnaldo Otegi, ni éste último". Pero explica que "transcurridos más de diez minutos, hacen acto de presencia, de forma conjunta, tanto el representante del Ministerio Fiscal como la letrada del acusado (...), comunicando esta última al tribunal que según conversación telefónica mantenida con su cliente, éste se encuentra bloqueado por la nieve en la provincia de Burgos, de forma que no puede presentarse ante el tribunal".
 
Los servicios jurídicos de la AVT entienden que “la retirada de la acusación sólo puede tener que ver con la situación política actual, que ha llevado a buscar un subterfugio para evitar las consecuencias que se podrían derivar de haber mantenido la acusación”.

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