Así se expresó la Confederación en un comunicado a los medios, que añade que "en el caso de que la las filtraciones tuvieran como responsable a algún funcionario del Cuerpo Nacional de Policía" se trataría de "comportamientos individuales" que merecen "el máximo de los rechazos posibles" de la democracia.

Además, la Confederación extiende la exigencia de su reclamo al Ministerio del Interior a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial. Concretamente, el comunicado agrega que la difusión pública de "diligencias, oficios, informes y datos" de la investigación desarrollada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) perjudica la tarea policial, sometida a restricciones legales previstas para los procedimientos con secreto judicial de actuación.

Asimismo, subraya que las filtraciones "quiebran de forma flagrante" el derecho de presunción de inocencia y de defensa de cualquier imputado en la causa, al "enterarse por los medios de comunicación de su evolución" y no poder "defenderse de ella". "Sólo persiguen desprestigiar la imagen pública de determinadas personalidades", apunta.

Finalmente, la CEP llama a los policías a que "extremen" la protección del trabajo y que, en el caso de que "detecten o sufran" cualquier ataque a esa reserva, denuncien los hechos, porque ese comportamiento "contará con el respaldo" de la organización sindical. Además, llama al Gobierno a que ponga fin a los "niveles de politización" del Cuerpo de Policía.