La denuncia del despilfarro en móviles lleva a Gobernación a "capar" teléfonos y a dar listas "blancas"

Las informaciones sobre la existencia de 38.000 móviles en la Junta de Andalucía y su costo correspondiente -sólo en cuotas sin tener en cuenta los gastos reales en llamadas la Junta paga más de 70 millones de euros anuales -, conducen a veces a adoptar decisiones absurdas con el único fin de quedar "bien" ante la opinión pública haciendo un paripé sobre la austeridad cuando ya sabemos que los costos por móviles no podrán descender hasta el año 2014, como consecuencia de los acuerdos ya firmados por la Junta.

Ayer informamos de que mientras proyecta recortar 1.743 millones para políticas sociales, la Junta de Andalucía destinará 215 millones para la contratación de la Red Corporativa en los tres próximos años, un coste que no va a sufrir reducción alguna. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado el pasado martes autorizó un gasto 215,3 millones de euros para la contratación de los servicios de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía (R.C.J.A.) para el periodo 2011-2014. Uno por cada poco más de cada 6 empleados públicos de la Junta tiene, pues, un móvil pagado por los ciudadanos. Este relación sólo es superada por la Diputación de Málaga en la que uno de cada cuatro empleados públicos tiene un móvil pagado con dinero público.

Pero en algunas dependencias de la Junta, se intenta poner coto al desmadre telefónico. En fuentes de la Consejería de Gobernación, hemos sabido que hay una "capa" de teléfonos. Hasta ahora, la "capa" era una operación quirúrgica veterinaria que tiene por objeto impedir la procreación de ciertas especies animales. Ahora, al parecer y según la terminología utilizada, hay una "capa" de teléfonos móviles, expresión que quiere significar que tales móviles no están operativos libremente, sino que pueden tener parcialmente reducidas sus posibilidades de llamadas.

Por ejemplo, en lo que llaman "Escuela de la Reina Pro"(por su directora, Reyes Pro), esto es, la Escuela Pública de la Seguridad Andaluza, (ESPA) donde se forman los policías y bomberos de Andalucía, se "capan" teléfonos móviles para reducir gastos de llamadas externas a la Junta, pero se hace sin transparencia y sin objetividad porque la directora no ha dado la orden por escrito.

Según las fuentes sindicales consultadas, lo que se está haciendo en la Escuela de Seguridad es "maquillar el capítulo de gastos corrientes" porque el caos que se causa originará nuevos y más costosos gastos. Cada usuario de un móvil oficial ha de facilitar una "lista blanca" de una docena de números externos a los que se les autorizará que efectúe llamadas. Del recorte no se escapa casi ningún usuario, menos la propia directora y los dos jefes de servicio del centro policial. Tanto es así que incluso al personal de vigilancia permanente de las instalaciones se le restringen las llamadas exteriores, comprometiendo evidentemente la seguridad de la escuela ante un incidente que dejara inoperativa la red fija de telefonía, dadas las especiales características que un centro de seguridad policial tiene, el alumnado residente (150 agentes), sus propias características físicas de ubicación, etc., así como las instalaciones y equipamientos propios de una escuela donde se forman policías.

La arbitrariedad de la medida y su falta de control conduce a situaciones absurdas. Por ejemplo, al personal (vigilantes de seguridad) garante de la seguridad de un centro que tiene naturalmente "material policial" se le están "capando" los teléfonos y sólo les da una listita, "lista blanca" de pocos números a los que se puede llamar "en abierto". 

Son muchos los problemas que dicen en la Consejería de Gobernación que causa esta medida. Por ejemplo, nadie sabe qué se hará si ocurre una emergencia y hubiese que llamar a teléfonos no corporativos o no incluidos en esa "lista blanca". Tampoco se sabe cómo actuar en el caso de que un alumno sufra un accidente y haya que avisar a familiares o centros sanitarios privados, cuyos teléfonos, obviamente no estarán entre los seleccionados en la "lista blanca". En otros casos más graves, como atentado y otros ataques a la seguridad, el asunto se vuelve aún más complejo.

Por el contrario, hay personas que tienen móvil corporativo pero cuya única tarea es estar al servicio de la directora del Centro y que, sin embargo, no sufren la "capa" correspondiente y siguen en estado de libre y abierto para todos los números.