L D (Agencias) La Fiscalía Anticorrupción contestó este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que la investigación de la presunta trama de corrupción que quiere vincular al PP, desmantelada en la Operación Cacería, corresponde a los tribunales superiores de Madrid y de Valencia, por estar indiciariamente implicados diputados o cargos autonómicos de ambas autonomías.
De este modo, puede entenderse que la Fiscalía rechaza que el caso corresponda al Tribunal Supremo, puesto que la pregunta concreta que el pasado día 24 realizó Garzón al Ministerio Fiscal era si consideraba procedente o no remitir la causa al alto tribunal por existir parlamentarios nacionales implicados.
En una nota de prensa remitida por la Fiscalía General del Estado ni siquiera se menciona al Tribunal Supremo. Simplemente señala que, "en su informe, la Fiscalía Anticorrupción se ratifica en las conclusiones a que llegó en su anterior Informe solicitándose, en consecuencia, la elevación de "Exposición Razonada" tanto al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid como al de la Comunidad Valenciana"
Añade la nota que la remisión de la causa a los dos TSJ citados se realizará "sin perjuicio de que pueda continuar en el Juzgado la instrucción de la causa (Art. 25 de la Ley de enjuiciamiento Criminal) hasta tanto se resuelva la competencia por los Órganos Judiciales competentes", concluye la nota.
La primera interpretación que debe darse al informe de la Fiscalía es que el Ministerio Público no encuentra indicios suficientes para implicar en la trama a parlamentarios nacionales del PP.
La respuesta de la Fiscalía se produce siete días después de que la solicitara Garzón, a pesar de que en la misma providencia el magistrado daba un plazo de 48 horas al Ministerio Público para entregarle el informe, es decir, el día de reflexión. Anticorrupción le contestó un día después que no cumpliría con el plazo, y que respondería tras analizar pormenorizadamente el informe policial al que se refería Garzón en su petición.
Cuatro días antes de las elecciones gallegas y vascas, el ex diputado socialista y juez estrella de la Audiencia Nacional elevó una providencia a la Fiscalía Anticorrupción - Miriam Segura y Concha Sabadell- , comunicándole que, en base a un informe de la Policía Judicial, cuyo jefe es el policía que cenó con Garzón y Bermejo el fin de semana de la famosa cacería que costó el cargo al ex ministro de Justicia, podría haber aforados nacionales en la causa que instruye. Por ello daba un plazo de 48 horas a la Fiscalía para que informara sobre si mantenían su petición de inhibición a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid o si consideraban más procedente realizar una única inhibición ante el Tribunal Supremo.El escrito --en el que no se citaba el nombre de ningún aforado-- sugería también que los hechos que implican a los aforados del Tribunal Supremo están conectados con los atribuidos indiciariamente a políticos de la Comunidad de Madrid que están siendo investigados en esta causa.
Pocas horas después de conocerse esta providencia de Garzón, El País digital publicaba que uno de los imputados era el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons , y otro Luis Bárcenas , senador y tesorero del PP. El inefable juez se apresuró a corregir la filtración. González Pons no estaba imputado. Por omisión, podía interpretarse que sí lo estaba Luis Bárcenas. El diario de Prisa, favorecido de todas las filtraciones del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, publicó poco después una "Fe de errores" para rectificar su acusación a González Pons. Y de paso, imputó ahora a Gerardo Galeote , eurodiputado del PP.
En aplicación del artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) si las diligencias previas abiertas apuntan a la intervención en la presunta trama de corrupción de aforados nacionales, como dice Garzón, el magistrado puede dirigirse de forma directa a la instancia superior, es decir, al Tribunal Supremo. Para ello no necesita del permiso de la Fiscalía. El señalado artículo regula que, si bien "cada delito de que conozca la autoridad judicial será objeto de un sumario", aquellos "delitos conexos se comprenderán, sin embargo, en un solo proceso".